Islandia logró una histórica victoria judicial que pone en peligro la integración de la banca minorista en Europa. Los jueces avalaron la decisión de Reikiavik de no compensar a los clientes extranjeros de los bancos islandeses quebrados en el 2008.

La crónica de una derrota judicial cantada se transformó en un inesperado quebradero de cabeza legislativo para la Unión Europea, y es que nadie en Bruselas parecía contar con la posibilidad de que los jueces diesen la razón al gobierno islandés.

Un gobierno que, tras el colapso de 93% de su sector financiero, protegió los depósitos de sus ciudadanos mientras dejaba que perdieran sus ahorros los europeos que, a través de internet, habían abierto una cuenta en Icesave, la marca internacional de uno de los bancos quebrados (Landsbanki).

La Autoridad de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), equivalente a la Comisión Europea en la UE, denunció a Islandia por violar la directiva comunitaria sobre garantía de depósitos. Pero los tres jueces del Tribunal de la AELC (uno de ellos, islandés, por cierto) dictaron una sentencia favorable a Reikiavik, en la que niegan dicha violación.

El veredicto considera que la directiva no obliga a los Estados a cubrir los depósitos cuando el fondo de garantía no dispone de recursos suficientes para hacerlo. Y no aprecia discriminación en el trato dispensado a los clientes del banco islandés en otros países europeos, en concreto, en Reino Unido y Holanda porque Islandia salvó a sus ahorradores transfiriendo los activos del banco quebrado a una nueva entidad, sin llegar a recurrir al fondo de garantía.

Los jueces añaden que la directiva tampoco contempla que los clientes británicos u holandeses deban ser compensados en caso de una crisis de la magnitud experimentada por Islandia.

Esta lectura de la directiva pone en peligro el modelo de banca transfronteriza, sobre todo, el realizado a través de sucursales de entidades acogidas al fondo de garantía de su país de origen.

En casos excepcionales, la sentencia abre el camino para que los clientes de esas sucursales pierdan sus depósitos mientras que los de la matriz están cubiertos. Y en casos extremos, algún Estado podría negarse incluso a compensar a sus propios ciudadanos.

La Comisión Europea, que se personó en el asunto apoyando las tesis de la Autoridad de la AELC, encajó la derrota asegurando que mantiene su interpretación de la directiva, según la cual, todos los clientes están protegidos incluso en caso de una hecatombe financiera como la de 2008 en Islandia.