El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con esta instancia, que  elabora el proyecto desde octubre del 2019, se prevé que el proceso de certificación no tenga una carga presupuestaria pública, ya que será autofinanciado por los involucrados y se buscan aliados para fortalecer el programa y brindar la transparencia en su evaluación y resultados.

“(Con la certificación) se busca prevenir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, fortalecer el cumplimiento del régimen de dichos delitos, y el cumplimiento técnico y de efectividad de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera”, explicó la UIF en una nota informativa proporcionada a este medio.

Recientemente, Ramón García Gibson, administrador central de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), declaró que, dentro de los planes de este organismo en materia de prevención de lavado de dinero, se encuentra el desarrollo de un proceso de certificación en el rubro de actividades vulnerables, muy parecido al que se realiza en el sector financiero.

Al respecto, la UIF aclaró que la certificación es un proyecto iniciado por esta instancia, donde se cuenta con la colaboración del SAT así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), específicamente de su vicepresidencia de Procesos Preventivos, que lleva un proceso parecido para el sector financiero.

El proceso de certificación en materia antilavado, dirigido a oficiales de cumplimiento y auditores externos de instituciones financieras, realizado por la CNBV lleva cinco años de operación y hasta la fecha se han certificado a más de 3,000 personas. Si bien no es una exigencia para todo el sector financiero, sí lo es para ciertas figuras, como las fintech, centros cambiarios y transmisores de dinero.

En la actualidad, el SAT tiene un registro de casi 98,000 sujetos obligados en materia antilavado que realizan una de las 16 actividades previstas en la ley. Según la UIF, el proyecto de certificación está orientado para representantes encargados de cumplimiento de estos sujetos, así como para auditores internos y externos o profesionales que presten sus servicios en la materia a estas organizaciones.

“Como parte del proceso, se buscaron más aliados estratégicos, por lo que se suscribió el convenio de colaboración académica entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Unidad de Inteligencia Financiera”, detalló la instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo.

Recientemente, Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, comentó que, con un proceso de certificación para las actividades vulnerables, crecería la confianza tanto en el sector financiero como en las organizaciones profesionales no financieras, como lo es la comercialización de bienes inmuebles, automóviles, metales y joyas, entre otros, que por su naturaleza están expuestas a delitos de lavado de dinero.

Principales incumplimientos:

• No presentar los avisos correspondientes al SAT.

•No identificar al cliente.

• No requerir información del dueño beneficiario.

• Liquidar operaciones en efectivo.

Fuente: SAT

fernando.gutierrez@eleconomista.mx