Un total de 11 países de la Unión Europea -entre los que se encuentran España, Italia, Alemania y Francia- han acordado tras meses de negociaciones avanzar en la creación de una tasa a las transacciones financieras internacionales, cuyo objetivo es frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis. Una iniciativa que impulsó el Gobierno de Angela Merkel, con el apoyo de París, y quería sacar adelante cuanto antes.

En principio, Italia había orquestado una rebelión contra el acuerdo, un plante al que se sumó España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que la baza del veto ha formado parte de una estrategia de negociación con los socios europeos, aunque no ha desvelado las contrapartidas logradas a cambio del apoyo a la tasa Tobin. En cualquier caso, estarían relacionadas con el calendario de implementación de la unión bancaria o bien sobre la intervención del Banco Central Europeo en el mercado de deuda para frenar la escalada de la prima de riesgo.

El resto de Estados miembros se queda fuera de esta "cooperación reforzada" por considerar que la tasa provocará que la industria financiera se deslocalice fuera de la UE. "No estamos en contra de las tasas al sector financiero", ha dicho el ministro británico de Finanzas, George Osborne, que lidera a los países de este grupo.

"Pero nuestra posición es que sólo consideraremos sumarnos si todos los centros financieros del mundo la implantan, como Nueva York, Singapur, Shanghái y Hong Kong", ha alegado Osborne durante el debate público.

El lanzamiento de la "cooperación reforzada", mecanismo que permite sortear el veto de países como Reino Unido, exigía la participación de al menos nueve Estados miembros. Hasta ayer, Alemania y Francia, promotores de la iniciativa, habían logrado convencer además a Portugal, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Austria.

España e Italia, que en los debates anteriores habían anunciado que participarían en la tasa, se han resistido hasta el último momento. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, no quiso adelantar ayer cuál sería la posición del Gobierno.

Pero en el debate de este martes han acabado sumándose otros cuatro países: además de Madrid y Roma, Estonia y Eslovaquia.

Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravaría con un tipo del 0.1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0.01% las de derivados. El nuevo impuesto, si se hubiera implantado en toda la UE, generaría unos ingresos de 55,000 millones de euros al año, y la Comisión quiere dedicar una parte a financiar el presupuesto de la UE.

Tanto Reino Unido como Polonia, que tampoco quieren implantar la tasa, han anunciado que no obstaculizarán su puesta en marcha en los países que así lo deseen, pero Osborne ha avisado de que podría provocar pérdidas por valor del 3.5% del PIB.

La puesta en marcha de la denominada tasa Tobin volverá a discutirse en la reunión de ministros de Economía del 12 de noviembre.

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RDS