La reforma fiscal penal contra la emisión de facturas falsas tiene aspectos que resultan inconstitucionales, indicó la firma legal Santamarina+Steta.

Mariano Calderón, socio de la firma, explicó que ahora los poderes Ejecutivo y Legislativo pusieron énfasis en mecanismos de fiscalización y control de obligaciones para aumentar los ingresos tributarios, los cuales también han sido impactados por el estancamiento económico.

Destacó que se agrega una regla antiabuso que faculta al Servicio de Administración Tributaria para desconocer los efectos fiscales de una operación cuando considere que carece de una razón de negocios y que el contribuyente sólo la quiera llevar a cabo para tener algún tipo de beneficio fiscal.

Al suceder esto, el contribuyente tendrá que presentar ante el fisco las pruebas para convencer a la autoridad de la razón de negocios.

“Con ello se desconoce el principio constitucional de seguridad jurídica, buena fe y de presunción de inocencia”, acotó Mariano Calderón.

El especialista reconoció que la reforma fiscal penal está enfocada en eliminar la emisión de comprobantes fiscales apócrifos, y las empresas fantasma; sin embargo, refirió que calificar estos delitos ya dentro de la delincuencia organizada podría tener impacto en contribuyentes cumplidos.

“Lo que resulta más grave es que derive en calificar estos actos como posible comisión de delitos penales de crimen organizado, incluso contra los principios del Artículo 19 de la Constitución y las leyes correspondientes”.

La reforma fiscal penal contra las factureras fue aprobada por legisladores el año pasado, pese a las críticas que ocasionó considerar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada, ya que, a decir de algunos empresarios y expertos, se podría perseguir a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales pero tuvieron algún error.

No obstante, las autoridades han explicado en diversas ocasiones que la emisión de facturas falsas debe sumar 7.8 millones de pesos.

Para lo anterior, explicó en su momento el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los contribuyentes deben tener ingresos brutos de poco más de 30 millones de pesos.

Ley de extinción de dominio

La firma legal añadió que, con la Ley de Extinción de Dominio, la autoridad podría ser aún más dura con los contribuyentes que pudieran ser considerados como defraudadores fiscales.

“La posibilidad de que aplique, además, una consecuencia drástica de extinción de dominio de manera automática a una empresa por un monto de fraude fiscal es una aberración”, aseveró.

En línea con lo anterior, calificó como delincuencia organizada sólo a aquellos que se dedican al secuestro, homicidio, contrabando, robo de combustible, vehículos, extorsión y drogas. “(Estos) son delitos de alto impacto real, verdaderamente graves”.

Mariano Calderón explicó que la Ley de Extinción de Dominio permitirá que se incauten los bienes del contribuyente que incurrió en la defraudación fiscal, o incluso se rematen antes de que se lleve a cabo un procedimiento penal o que se dicte la sentencia.

“(Lo anterior) viola gravemente los principios de presunción de inocencia y garantía de audiencia”, finalizó.

Se castiga el perjurio

• La defraudación fiscal sería tipificada como delincuencia organizada si el perjurio es por 7.8 millones de pesos o más

• Habrá prisión preventiva oficiosa

• La reforma no tendrá efecto retroactivo

• Se considerará amenaza a la seguridad nacional el fraude al fisco

• Se busca ir por el beneficiario final

• Protección a personas que ayuden en la investigación

• La evasión calculada por emisión de facturas falsas es de 1.4% del PIB

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