Luego de la evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a México respecto a su marco legal y combate contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, la cual se dio a conocer en el 2018, el gobierno ha trabajado en las observaciones señaladas; sin embargo, respecto a la impartición de justicia, el Estado mexicano todavía tiene deficiencias, reconoció Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Al participar en una conferencia organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Nieto Castillo adelantó algunos aspectos de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, e indicó que, pese a que en el 2019 el número de sentencias por el delito de blanqueo de capitales aumentó a 84, de sólo seis que se obtuvieron en el 2018, estas cifras todavía son deficientes.

“En el 2018 se obtuvieron seis sentencias condenatorias (por lavado de dinero) y en el 2019, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, este número subió a 84; sin embargo, sigue siendo deficiente (el número), deficitario, frente a un país que tiene casi 130 millones de habitantes y que es la decimoquinta economía en el mundo”, expuso el titular de la UIF.

Asimismo, el funcionario recordó que del 2015 al 2018 las autoridades lograron decomisar sólo 15 millones de pesos por violaciones del tipo penal que pudieron preceder operaciones de lavado de dinero en un país donde se estima que el blanqueo equivale a 50,000 millones de dólares anuales.

Recordó que el GAFI observó que México tenía deficiencias, principalmente en tres aspectos: la detección del beneficiario final, la vigilancia sobre estructuras jurídicas, especialmente fideicomisos, y la impartición de justicia.

Asimismo, el funcionario apuntó que el GAFI hizo observaciones respecto a la labor que analiza la UIF, pues consideró que no diseminaba la suficiente información y que el Servicio de Administración Tributaria no realizaba un proceso de verificación real de las actividades vulnerables, es decir, aquellas que tienen que cumplir con la regulación antilavado pero que están fuera del sistema financiero.

En este sentido, Nieto Castillo indicó que durante el 2019 la UIF recibió alrededor 20 millones de reportes del sistema financiero y 5.2 millones de las actividades vulnerables, lo que ayudó para bloquear cerca de 10,000 millones de pesos y acrecentar el número de denuncias por presuntos actos de lavado de dinero, al pasar de las 82 que se presentaron en el 2018 a las 164 del año anterior.

La UIF es la instancia central para recibir reportes de operaciones financieras, y avisos de actividades vulnerables, con el fin de diseminarlas y detectar indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, para realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.

Evaluación nacional

Desde el 2019, Nieto Castillo adelantó algunos aspectos de la Segunda Evaluación de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; sin embargo, todavía no hay una publicación formal al respecto.

En este contexto, adelantó que, en la segunda edición del documento, se presentarán 26 riesgos que México tiene en materia de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, de los cuales destacan la delincuencia organizada, la corrupción, la informalidad, las operaciones con activos virtuales y los delitos que se han detonado a raíz del coronavirus.

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