El 25 y 26 de noviembre se conmemoran los días de acción global para la justicia fiscal en la industria minera, petrolera y gasera, también conocida como industria extractiva.

“Estos días serán una oportunidad de unir esfuerzos y movilizaciones para pedir a nuestros gobiernos y autoridades que hagan que el sector extractivo pague su parte de los impuestos y contribuya a la realización de los derechos humanos”, reveló la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ, por su sigla en inglés).

El inmenso crecimiento del sector extractivo en todo el mundo no se ha traducido en un aumento de los ingresos fiscales en beneficio de las personas y del planeta, sino en una pérdida de ingresos, especialmente para los países en desarrollo, sostiene GATJ.

En el caso particular de México de los 3.3 billones de pesos de ingresos tributarios recaudados en el 2020, la Minería aportó 17,202 millones de pesos; es decir 0.52% del total, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, la industria minera recibió deducciones por más de 16,764 millones de pesos en el 2020, bajo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con el informe de finanzas de la SHCP al cuarto trimestre del año pasado.

Paralelamente, la Cámara Minera México (Camimex) especificó que aporta el 6% de la recaudación total del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto convierte a la minería en el cuarto sector productivo que más paga ISR, sólo por debajo de Manufacturas (70%), Construcción (11%) y Electricidad (7 por ciento).

Del mismo modo, la Camimex sostiene que las empresas mineras, además del ISR, pagan derechos a la Federación por la superficie concesionada, 7.5% sobre utilidades y 0.5% adicional a los que producen oro y plata.

A pesar de pandemia, sector extractivo se beneficia

La GATJ menciona que la industria extractiva continúa beneficiándose de los regímenes de incentivos fiscales, a pesar de la pandemia ya que sigue acumulando riqueza y ganancias para los conglomerados y los países desarrollados donde están registrados.

“(En la región) No hay una normativa que cobre precios más justos y, además, hay prácticas de evasión fiscal sobre mentir acerca de cuáles son efectivamente los números reales de la empresa y, sumado a, que mucho países no tienen la capacidad de saber qué es lo que sucede financieramente dentro de las empresas”, comentó Nicolás Gutman, integrante de la Fundación SES perteneciente a la Red de Justicia Fiscal de Latino América y del Caribe.

La red de justicia fiscal agregó que la extracción de recursos naturales usualmente cae en violaciones de derechos humanos (desde los trabajadores, pueblos indígenas hasta comunidades afectadas por sus operaciones).

“Una parte del trabajo civil es asegurarse de minimizar los impactos sociales y ambientales, pero si eso no se puede y si los proyectos se llevan a cabo aún cuando hay resistencia de las comunidades, hay que asegurarse que esos proyectos de dejen en los territorios (los recursos), que corresponden”, comentó Gutman.

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