La Fiscalía Anticorrupción defiende en un escrito conocido este martes que se rechacen los recursos presentados por la firma PwC y el socio auditor Pedro Barrio, investigados por la liquidación de la entidad, contra la decisión del juez instructor de declarar compleja la causa.

En el escrito, fechado el pasado 6 de abril, Anticorrupción señala que procede desestimar dichos recursos, que cuestionaban que las fechas que el magistrado tuvo en cuenta para declarar compleja la investigación sobre Banco Popular fueran correctas y consideraban que dicha declaración de complejidad se realizó fuera de plazo.

A comienzos del pasado octubre, el titular del Juzgado Central nº 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes de Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, Pedro Barrio, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

En su auto, Andreu afirmaba que el plazo de seis meses necesario para declarar la causa compleja computaba "desde el 3 de octubre del 2017, fecha de iniciación del procedimiento", pero PwC alegó que esa fecha corresponde al momento de admisión a trámite de la querella, pero no de la incoación de las diligencias previas, que según sus cálculos tuvieron lugar el 19 de junio del 2017.

Pero Anticorrupción indica que el cómputo del plazo ha de realizarse desde la fecha del auto de admisión de la primera querella o denuncia, el 3 octubre del 2017, que es el que determina el inicio del procedimiento "al fijarse su objeto, los hechos que indiciariamente se consideran delictivos a los efectos de la admisión de las querellas".

La providencia del 19 de junio del 2017, "como expresamente señala el instructor", recuerda la Fiscalía, se limita a dejar constancia de la presentación de los escritos de querella y su traslado al Ministerio Fiscal para informe sobre su admisión.

Además, "seguir la interpretación de los recurrentes nos llevaría al absurdo", dada la "magnitud" de la causa que investiga la resolución de Banco Popular, al pretender dar por terminada la instrucción cuando aún no se ha decidido si admitir o no a trámite diversas querellas y denuncias.

Como ejemplo, la Fiscalía se refiere a una denuncia presentada el 13 de octubre del 2017 en los juzgados de Palencia, que determinó que el Juzgado de Quinta Instancia e Instrucción nº 2 de esa ciudad acordara en noviembre su admisión, la incoación de diligencias previas y su posterior inhibición al juzgado central de instrucción.

El valor de esta resolución "no puede ser ignorado", señala Anticorrupción, puesto que se trata de la última de las resoluciones que conduce a una acumulación de la causa y la que debiera determinar, por ser posterior al 3 de octubre del 2017, el cómputo del plazo de 6 meses establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar compleja una causa.

BANCO DE ESPAÑA: SE DIO "TODA LA LIQUIDEZ POSIBLE" A POPULAR

Por otra parte, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, defendió este martes que el organismo otorgó toda la liquidez posible a Banco Popular en el marco de su resolución, si bien comentó que el Banco Central Europeo (BCE) no le permite publicar el importe concedido.

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorros y el rescate, a la que acude por segunda vez, Linde indicó que el Banco de España actuó aplicando la legalidad "más estricta", dando "todo lo que podía dar -en referencia a la liquidez de emergencia (ELA)- en función de las garantías aportadas.

El gobernador del Banco de España, no obstante, admitió que el pasado 5 de junio la institución no concedió toda la liquidez solicitada por Popular dado que la entidad no contaba con las garantías suficientes.

En todo caso, Linde no ha otorgado cifras concretas, ya que, según aseguró, el BCE, por el momento, no autoriza al Banco de España a publicar las cifras del programa de liquidez de emergencia. "Tenemos la petición hecha al BCE. Esperamos que se resuelva pronto, porque no tenemos el menor interés en no contar las cifras", agregó.

Por otro lado, Linde incidió en que el BCE no da liquidez sin garantías, sin colaterales, porque en caso de que no se pueda devolver el importe solicitado, la pérdida va directamente contra la cuenta de resultados del banco central correspondiente y, en última instancia, contra el Tesoro, "lo que supondría una pérdida monetaria fuera de toda legalidad ya que se habría dispuesto de dinero público", ha explicado.

Linde, además, señaló que el Banco de España, junto al BCE, siguió la situación de liquidez de Banco Popular "todos los días" desde finales de marzo, a raíz de la salida de depósitos que estaba experimentando la entidad a comienzos del 2017.

Fuentes cercanas al antiguo consejo de administración de Banco Popular indicaron que el importe concedido a la entidad en el marco del programa de liquidez de emergencia ascendió a 3,800 millones de euros.