Es un error suponer que al abatir la corrupción se liberarán más recursos para el Estado, como lo afirma “uno de los candidatos presidenciales”, pues los costos de este flagelo recaen más bien en los ciudadanos y en las empresas, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

“Eliminar la corrupción no necesariamente significa que el gobierno federal recuperará los recursos suficientes para financiar sus necesidades, como lo afirma uno de los candidatos presidenciales, toda vez que el costo económico real de la corrupción e inseguridad, que según algunos cálculos puede llegar a representar hasta 15 puntos del PIB, recae en los hogares y las empresas, que son los que tienen que canalizar mayores recursos para solventar estos temas”, afirmó el organismo de consulta del sector privado en referencia implícita a la propuesta del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En sus discursos de campaña, AMLO ha afirmado que año con año la corrupción tiene un costo de 500,000 millones de pesos para México, por lo que, al eliminarse esta conducta, podrá disponerse de ese dinero para financiar sus promesas de campaña sin elevar impuestos ni incurrir en deuda.

El organismo que dirige el economista Luis Foncerrada también criticó la propuesta de AMLO sobre el establecimiento de precios de garantía en el campo y la reedición del control de precios de los combustibles, por los costos fiscales que acarrean y por su nula efectividad para reducir la desigualdad social.

Las propuestas de crear nuevos programas asistenciales aumentarán la necesidad de recursos públicos adicionales que, dada la coyuntura, tendrán que financiarse a través de deuda, dijo Foncerrada.

El gobierno de Argentina, por ejemplo, llegó a pagar 5 puntos del PIB en subsidios generalizados. En México también se cuenta con experiencias negativas, ya que en el caso específico de los subsidios a la gasolina y al diesel, el costo para el gobierno entre el 2007 y el 2014 fue de 871,000 millones de pesos, beneficiando a 30% más rico del país, que es el grupo de mayor capacidad de consumo.

Añadió que si bien en México existen carencias y corrupción, los candidatos a la Presidencia del país deben hacer propuestas “realistas”, mas “no populistas o promesas vagas”, que lleven a la economía a deuda y crisis, pugnó el sector empresarial.

En la búsqueda de consolidar la aceptación de la población en edad de votar, se inició una lucha directa contra el sector privado, haciéndolo parecer como un ente negativo para el “pueblo”, definido como el conjunto formado por personas que pertenecen a las clases sociales de menor poder adquisitivo, cuestionó el CEESP.

“Desprestigiar los avances provenientes del sector privado sólo abona a la incertidumbre”, acotó.

Luis Foncerrada, director del organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el populismo es un arma muy eficiente para incidir en la percepción de las personas, pero también lo es para denostar el prestigio de instituciones o sectores.