Se estrena año y Argentina amaneció con una buena noticia: la caída de la denominada cláusula RUFO -siglas de Rights Upon Future Offers-, que impedía a Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a las que accedieron quienes aceptaron los canjes del 2005 y 2010. Ahora, el gobierno de Cristina Fernández podrá sentarse a negociar con los fondos especulativos que tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos.

Los holdouts se beneficiaron por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que el 30 de julio pasado determinó que Argentina debe pagarles 1,330 millones de dólares en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de "igual tratamiento de acreedores (pari passu)". Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados "me too" ("a mi también"), la deuda total ascendería a 10,000 millones de dólares.

El interrogante ahora en qué tiempo la Argentina se sentará a negociar con los holdouts. Para economistas y abogados especializados, la negociación no será inmediata. Enrique Dentice, economista y docente de la Universidad Nacional de San Martín, aseguró que "a partir de enero Argentina se va a poner a negociar en serio. Pero esto significa que no va a darles a los buitre todo lo que quieran, sino que va a partir de las mismas condiciones de los canjes anteriores".

El proceso podría ser largo. "No es probable que se llegue a un arreglo inmediatamente. Creo que recién en el segundo trimestre del 2015 habrá novedades", indicó Dentice.

Por su parte, Marcelo Etchebarne, del estudio Etchebarne, Cabanellas y Kelly, señaló que además del tiempo de negociación hay plazos burocráticos que complican un acuerdo. "Arreglar con un pequeño grupo de bonistas es sencillo, pero si se quiere terminar con el problema hay que hacer una oferta pública, que requiere la aprobación de las comisiones de valores de los países en los que se hagan, tanto en Estados Unidos como en Europa", especificó el hombre que no cree que haya un acuerdo antes de septiembre.

Para Gabriel Holand, CEO de HR Global Financial Advisors: "La posibilidad de llegar a un acuerdo depende de si el equipo económico necesita dinero o no. En algún momento habrá un acuerdo, el problema es cuándo y cómo". Los fondos buitre parecen no estar dispuestos a relegar parte de los 1,650 millones de dólares por capital e intereses que le reclaman al país, y pretenden que el Gobierno cumpla el fallo de los tribunales a los que se sometió.

El director ejecutivo del fondo NML Capital, Jay Newman, aclaró este fin de semana que Argentina tiene la capacidad para pagarles a todos sus acreedores y reconoció que usaron los juicios contra el Gobierno como último recurso. "No hay rehenes en esta situación, solamente acreedores que no cobraron. La Argentina tiene la capacidad para pagarles a todos sus acreedores. Es un país miembro del G-20 con vastos recursos naturales que simplemente se rehúsa a pagar", indicó durante una entrevista con un matutino nacional.

Al mismo tiempo, como informó El Cronista, el 23 de diciembre pasado los holdouts avanzaron en la unificación de causas contra la República de Argentina por 4,400 millones de dólares adicionales a la sentencia que ya tienen a su favor por unos 1,700 millones de dólares.

Se trata de la unificación de un centenar de reclamos de acreedores particulares y fondos de inversión con deuda argentina en default en un par de causas madre, detrás de la sentencia de Griesa que convalidó el pari passu. Los nuevos litigantes ingresarían en calidad de me too (al estar en la misma situación) a beneficiarse de la sentencia ya convalidada por la Corte Suprema estadounidense , advierte el artículo.

Los fondos de inversión presionan ahora para acelerar esa unificación de reclamos para llegar mejor parados al 1º de enero, día en que cae la cláusula RUFO de los bonos del canje que impide legalmente al país efectuar una mejor oferta. Así, si el país se decidiera a negociar, el reclamo original ya no sería de 1,700 millones de dólares (1,330 millones de dólares de la sentencia más los intereses que corren), sino que ascendería a 6,300 millones de dólares.

Una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano mostró que el 50% de los consultados optó por la respuesta no sabe /no contesta cuando lo consultaron acerca de si el Gobierno iba a acordar o no con los fondos buitres en el 2015. El 28%, en la misma pregunta, había contestado que sí, mientras que el 21%, que no.

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