Médicos Sin Fronteras denuncian niveles récord de ataques contra atención médica en conflictos armados

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció niveles récord de los ataques contra la atención médica en los conflictos armados, mientras que las partes beligerantes "eluden cada vez más" sus obligaciones respecto del Derecho Internacional Humanitario, cuando quedan escasos meses para que se cumpla el décimo aniversario de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de instalaciones y personal médico.

MSF publicó un informe —"La atención médica en el punto de mira"— que destaca que en 2025 el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 1,348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1,981 personas, más del doble respecto de las notificadas en 2024 (944). En este sentido, Sudán fue el país más afectado, con 1,620 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes muertos, seguido de Birmania, con 148; Palestina, 125; Siria, 41; Ucrania, con 19 fallecidos; y Sudán del Sur, con 16. Los ataques han conllevado la destrucción de infraestructura sanitaria fundamental y la interrupción de los tratamientos médicos, dejando a "miles" de pacientes sin acceso a cuidados

De "ataques por error" a "pérdida de protección"

El mencionado informe alerta de un cambio en la narrativa de las partes beligerantes, que pasaron de justificarse con "ataques por error" a hablar de una "pérdida de protección" de las infraestructuras médicas y humanitarias, así como su personal, por parte del Derecho Internacional Humanitario.

"Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil", explicó Erik Laan, experto en incidencia política de MSF. La tendencia es "evidente" tanto en datos estadísticos como en declaraciones de funcionarios gubernamentales y figuras militares. 

Si bien apuntó a que "en algunos casos" estos ataques "pueden derivar de una interpretación errónea de las normas" del Derecho Internacional Humanitario, "que explota las ambigüedades", ha lamentado que la obligación de proporcionar advertencias "anticipadas y viables se ignoran con demasiada frecuencia".

Las partes en guerra también "parecen menos dispuestas a defender la protección contra ataque a los combatientes que están fuera de combate (y por ende protegidos por el Derecho Internacional), despojando en la práctica a esos individuos, así como a las instalaciones que los atienden, de sus salvaguardias legales".

Estados responsables de mayoría de ataques en 2024

Los últimos datos disponibles de la Coalición para la Protección de la Salud en Conflictos documentaron en 2024, 3,623 ataques contra la atención sanitaria, un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022. Aproximadamente el 81% de los incidentes violentos contra edificios y personal sanitario en 2024 se atribuyeron a grupos estatales.

La coordinadora de MSF España, Raquel González, enfatizó que la participación del Estado en los conflictos armados "plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas".

Cabe mencionar que el personal local se ve especialmente afectado por estos ataques: representan el 98% de los trabajadores humanitarios muertos, el 96% de los heridos y el 94% de los secuestrados. Entre 2021 y 2025, más de 1,240 murieron, alrededor de un millar resultaron heridos y aproximadamente 600 fueron secuestrados en todo el mundo.

Fin de la impunidad

La publicación de este informe llega pocos meses antes de que se cumplan diez años de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre protección de instalaciones y personal médico, en la que se pedía el fin de la impunidad, después de la presión ejercida por el sector humanitario tras el bombardeo de Estados Unidos contra un hospital de MSF en 2015 en Afganistán, que se saldó con 42 muertos.

"Esta resolución fue un rayo de esperanza, ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante. Sin embargo, solo seis de los entonces 15 miembros que adoptaron la resolución habían ratificado todos los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos armados", expresó Laan.

MSF criticó que, "más de diez años después del ataque de Kunduz, la atención médica y la acción humanitaria en los conflictos armados siguen siendo objeto de ataques, posiblemente más que nunca". Así, Laan insitió en que los Estados deben cumplir el Derecho Internacional y "garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección" de los servicios médicos.

"Los Estados también deben rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes. Deben aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias investigaciones y compartir los resultados de forma transparente. Estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad imperante", concluyó.