El debate que ha causado el tema de los 10 decretos de reserva de agua sigue en pie. No sólo México enfrenta problemas con el vital líquido, el tema es mundial y se discute entre los grandes organismos internacionales. Entre especialistas y distintas organizaciones las opiniones se dividen.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) ha sido protagonista del debate, por ser quienes participaron de este informe, que indica reservas potenciales de agua.

Ellos han manifestado que los decretos de reserva son un instrumento de certidumbre para la sociedad y establecen la cantidad de agua disponible para el ambiente, la población y otros usos en cada una de estas casi 300 cuencas.

Agregan que “son además una efectiva estrategia de adaptación al cambio climático pues mantienen el ciclo natural del agua para enfrentar la variabilidad climática”.

De acuerdo con dicha institución, los decretos protegen 82 Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales comprenden 175,230 km2, y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar (47,000 km2), además de cuatro de los últimos cinco ríos que fluyen libremente en el país —el Usumacinta, San Pedro Mezquital, Papaloapan y Pánuco—, lo que asegura el transporte de sedimentos y especies, y representa la conservación de los últimos ecosistemas ribereños que conectan las montañas con el mar.

El doctor José Sarukhán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), asegura que el proyecto no surge de un día para otro; el estudio de las cuencas lleva más de 10 años para poder saber el caudal total en las 10 áreas principales del país y para proteger los ecosistemas de esas áreas.

Agrega que el concepto del caudal ecológico es nuevo en México, ya que con esto se determina cuánta agua necesita el caudal para funcionar correctamente. “El objetivo es garantizar que el agua esté disponible y, si llega a sobrar, tenga otros usos, como la producción de alimentos, pero no para fracking”.

Se requieren más estudios

Especialistas de la UNAM aseguran que la regulación del agua tiene que ser transparente y fluida.  “Hace falta un programa de manejo integral de las 295 cuencas de aguas del país y se requieren estudios, caso por caso, ya que 90% de los ríos está contaminado (...) Lo que debe preocupar es que se decreten reservas de agua y no se conozca la calidad de las mismas”, expuso María del Carmen Carmona, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y especialista en derecho ambiental.

Agregó que “lo que genera inconformidad es el hecho de que ‘estamos ante facultades exclusivas del presidente de la República y que la decisión se toma a partir de estudios técnicos que hace la misma dependencia del Ejecutivo, en este caso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua)’”.

Carmona opina que si bien cada decreto se acompañ de un estudio, es necesario evaluar la calidad de la información que avalan estas decisiones. Además, enfatizó que se debe pensar en qué tribunal se van a redimir las controversias en materia de agua, sobre todo en un contexto en el que Conagua es juez y parte.

Joel Carillo Rivera, investigador del IGg, señaló que los decretos enmarcan el caudal ecológico, que sólo aplica a la parte superficial de la cuenca hidrológica “y no a lo que ocurre en toda la cuenca y a su relación con otras, es decir, se refiere sólo al agua superficial y no considera la subterránea, ni de dónde proviene o hacia dónde va”.

Los balances para establecer la disponibilidad de agua de una cuenca no son claros, al no existir mediciones de evaporación, escorrentía y caudal de los ríos; tampoco se sabe el valor real de la extracción, planteó el experto en hidrogeología. Cuando no llueve, el río lleva líquido proveniente de aguas subterráneas, que se generan en algún lugar del país, y es necesario tomarlas en cuenta cuando se legisla al respecto.

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