Es lamentable que en este país no pase absolutamente nada si se incumplen las órdenes y los plazos impuestos por la autoridad máxima del Poder Judicial. El último plazo que dio la Suprema Corte de Justicia para que el Ejecutivo sacara un reglamento del uso terapéutico del cannabis venció el 9 de septiembre, la autoridad no cumplió y nadie sale a explicar las razones; todo sigue como si nada como si los pacientes no importaran...  

En México los pacientes y sus familiares llevan esperando más de tres años reglas claras para poder hacer uso de la mariguana y sus derivados para uso terapéutico sin que ello implique ser tratados como criminales por cultivar, trasladar o hacer cualquier manipulación de la planta como sucede actualmente. De igual manera esperan los investigadores interesados en tener la evidencia científica del uso medicinal del cannabidiol (CBD) y del psicoactivo tetrahidrocannabinol (THC).

Empezaron siendo unos cuantos los que consiguieron amparos para poder hacerlo, pero quienes esperan esa regularización se convirtieron en decenas y ahora seguramente en cientos de personas que hacen uso y aprovechamiento de las sustancias activas del cannabis como terapia.

Su uso ancestral para el dolor es muy conocido mundialmente, y cada vez se van confirmando los óptimos resultados del CBD para tratar padecimientos como extraños tipos de epilepsia, ansiedad, depresión, náuseas, vómito y otros, así como el uso terapeútico del THC para asma, esclerosis múltiple, estrés postraumático, protección cardiaca, insomnio y otros trastornos. En otros países ya están avanzando en investigación científica para obtener la evidencia, pero en México -donde durante décadas hemos sufrido los embates del narcotráfico por el uso ilegal de la droga- que hoy tendríamos la oportunidad de convertirlo en algo controlado y positivo en favor de muchos pacientes, se está perdiendo un tiempo muy valioso porque sencillamente no es posible, porque el uso terapéutico de los derivados de la mariguana sigue en un terreno pantanoso de irregularidad e ilegalidad ya sin sentido.

El Legislativo reformó la Ley General de Salud (LGS) desde 2017 para el uso terapéutico del cannabis. Desde entonces, la Secretaría de Salud específicamente la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tenía un plazo para sacar el respectivo reglamento. Cofepris, entonces encabezado por Julio Sánchez y Tepoz, lo que sacó fueron unos lineamientos ante la falta de respuesta de la Presidencia entonces encabezada por Enrique Peña Nieto que simplemente no dio salida o autorización a la publicación del reglamento de cannabis medicinal.

Ya vamos para cuatro años de que se reformó la LGS y seguimos atorados en lo mismo: Hoy el reglamento -una nueva versión ya elaborada por el nuevo gobierno- está atorado de nuevo en la Consejería Jurídica de Presidencia. Al menos eso dicen en corto los funcionarios de Salud porque abiertamente nadie acepta hablar del tema.

¿Cómo no vamos a estar en medio de una impunidad generalizada, si empezando por nuestras propias autoridades de Gobierno incumplen lo acordado, no hay una sola sanción para nadie por ese incumplimiento, y las cosas siguen como si nada?

Es entendible el enojo entre los pacientes y familiares (porque hay muchos niños cuyos padres de la ven muy complicada para conseguir la terapia de cannabis para sus pequeños) que esperan ese reglamento y que sencillamente no reciben una respuesta o explicación de la tardanza.

Si en este país se cumplieran las leyes

Le preguntamos al abogado Juan Carlos Castillo, del despacho CG&A, especialista en regulación sanitaria y que ha estado muy atento de los procesos de legalización del cannabis en México, sobre este desacato y lo que debería suceder si verdaderamente en México se cumplieran las leyes, y nos explica que formalmente aún hay recursos que deben agotarse para que el desacato judicial evidencie la inejecución de la sentencia.

“Existe una inejecución de una sentencia concesoria de amparo, en donde como parte de los efectos de la sentencia respectiva, se ordena a la SSA a hacer lo que corresponde para armonizar la normativa”. Ello debe implicar todo un procedimiento ante las instituciones jurídicas correspondientes para que conozcan, resuelvan e instruyan el inmediato cumplimiento de la resolución de la Corte.

Son pasos del ámbito jurídico, pero en los hechos la Secretaría de Salud y específicamente Cofepris incumplieron con la instrucción de la SCJN para emitir el reglamento como resultado de las reformas a la LGS y el Código Penal Federal del 2017. El plazo se prorrogó dos veces y la última fecha fue el 9 de septiembre, que pasó como si nada sin una sola explicación de porqué no se emitieron las muy esperadas disposiciones.

Sin embargo, Castillo precisó que para que haya sanción al funcionario responsable -que específicamente sería José Iván Novelo, titular de Cofepris, y Jorge Alcocer, secretario de Salud- se deben agotar esos recursos ante el Tribunal Colegiado. Ello depende de quienes impusieron los amparos obtenidos para que continúen con el proceso y haya las sanciones respectivas por incumplimiento.

Quizá sólo son acciones retardatarias

Pero en todo este contexto Castillo expone una teoría nada descartable: Que, aunque los pacientes y familias estén desesperadas por tener claridad regulatoria del cannabis medicinal, más bien los tiempos van conforme el plan de la autoridad de retrasar y alargar lo más posible el proceso del reglamento para que se empareje con los tiempos del Legislativo, que también está condicionado a un plazo para sacar la ley referente al consumo adulto del cannabis.

Hay que recordar que los amparos ganados también llevaron a la Corte a dar la orden al Congreso de legislar igualmente en ese otro uso de la mariguana.

La SCJN también le dio un plazo al Legislativo para poner orden y reglas en dicha legalización del uso adulto, incluido el uso lúdico o recreacional y el aprovechamiento industrial de todo lo aprovechable de la planta de la mariguana: uso industrial, veterinario, agronómico, cosmético, etcétera.

En este canal -que va en paralelo al del uso medicinal- el plazo para el Legislativo se fue prorrogando -primero a petición del Senado y luego por las suspensiones ordenadas por la pandemia- hasta quedar establecido al próximo 15 de diciembre del 2020, el último día del periodo ordinario de sesiones recién iniciado el 1 de septiembre.

Un proceso muy accidentado

Hay que recordar que el plazo para el Ejecutivo igualmente se retrasó. Originalmente vencía a fines de 2019, y luego se fijó al 30 de junio, pero por la pandemia posteriormente se amplió y quedó el 9 de septiembre que de nada sirvió porque el día pasó y transcurre otra semana sin que haya noticias de parte del Ejecutivo.

También hay que decir que todo el proceso de este reglamento ha sido accidentado desde que se aprobó la ley en 2017 porque en el sexenio pasado tampoco cumplieron, pero ahora ya en este sexenio, la SS sí emitió una versión de reglamento que presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y este organismo le dio un jalón de orejas regresándole el documento para que lo hicieran bien con los requisitos formales del proceso porque como estaba presentado ni siquiera le permitía entrar a hacer análisis de impacto regulatorio.

Se entiende que SS ya lo corrigió, Conamer lo aceptó y en su página recibió múltiples comentarios y observaciones, las cuales está por verse si serán incluidas en la versión esperada que se supone está siendo analizada por Consejería de Presidencia que encabeza Julio Scherer.

Hasta aquí todo lo que ha sucedido hace tener claridad de que los pacientes y familias tienen toda la razón en estar desesperados ante tanta omisión y lentitud de la autoridad en su respuesta, posición que es indefendible por donde se le vea.

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