Humberto Becerra Batista, director general de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), manifestó su preocupación por las decisiones que está tomando el gobierno mexicano a través de la Semarnat, principalmente, respecto al cierre de áreas de pesca. De manera puntual, se habla sobre el probable cierre del golfo de California y parte del Pacífico que abarcan los estados de Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa y Nayarit y que representan 60% de la producción pesquera nacional. “Aquí se pesca sardina, calamar, camarón, curvina y especies conocidas como de escama”.

En el marco de las actividades de la reunión Pescamar, denunciaron que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se están decretando sin sustentos científicos, sin la participación de la academia, del Instituto Nacional de Pesca y sobre todo “sin la participación de quienes hacemos uso de los recursos de manera legal”.

Aseguraron que los intereses no son de protección de recursos de pesca ni del medio ambiente, “es muy sabido que el tema minero submarino con la mina Don Diego (extracción de fosforita), que está operando en el golfo de Ulloa, es uno de ellos, también los complejos turísticos, entre otros”.

Becerra hizo hincapié en que el tema de la sustentabilidad es un compromiso que tiene la propia actividad pesquera “no nos conviene que las inversiones ahí, que el patrimonio de familias enteras y el propio producto se pongan en riesgo”. Agregó que hay respeto por las vedas, las artes de pesca cada vez son más tecnificadas y que se pugna por un Instituto Nacional de Pesca que aumente sus capacidades de monitoreo y mejores prácticas. “Hoy, México es vanguardista en el tema de la sustentabilidad y no por el tema de ANP sino por las prácticas de la industria pesquera. Actualmente, 25% de la producción nacional en peso bruto está certificada”.

Becerra agregó que, por un lado, Sagarpa y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca diseñan programas del fomento al consumo que han hecho que del 2012 a la fecha se suban de 8.9 kilos a 12 kilos de consumo per cápita, que representan 40% y se traduce en una sociedad mejor alimentada, pero, por otro, se han bloqueado las formas de obtener esos productos.

Cerrar las Áreas naturales protegidas

Sobre el cierre indiscriminado de ANP, el representante explicó que la justificación es la firma del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, donde se fijaron 20 metas globales (Metas de Aichi). “Uno de los puntos es que los países firmantes deberían mantener 10% de sus mares como ANP para el 2020, pero México ha firmado ANP de una manera tan poco estudiada que hasta ahora 24% de nuestros mares pasaron a ese estatus. Es claro que no ha habido una planeación, pues esto requiere de estudios (...) Esto es excedido y ya está lastimando a la industria”.

Otro aspecto que denunciaron son las altas presiones de ONG que sólo buscan desacreditar a la industria sin estudios equilibrados, “nos han llamado industria depredadora o que usamos mal los recursos, pero hoy en día la industria pesquera mexicana está monitoreada y regulada”.

Por otro lado, reconocieron que hay una parte mala de la pesca y que se está atribuyendo a todos por igual: la pesca ilegal. “Ése es el actor que no han querido tomar en cuenta y que nos está pegando a todos, estas formas no respetan vedas, se hace de manera constante e indiscriminada, la pesca ilegal ha rebasado incluso las capacidades de infraestructura y recursos para la vigilancia efectiva”. Según datos de la FAO, en México, 40% de la pesca es ilegal en función del volumen de producción que se tiene.

Advirtieron que las producciones disponibles no alcanzan a mantener la seguridad alimentaria en nuestro territorio y se tendrá que recurrir a mercados extranjeros con productos de baja calidad e incluso países extranjeros podrían recurrir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar a un tratado considerado como la constitución de los océanos, en el que, si se incumple el compromiso de aprovechamiento, otros países pueden reclamar ese derecho.

El apoyo de Latinoamérica

Osciel Velásquez Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca de Chile, manifestó su apoyo a la problemática en México, “no solamente pasa aquí, también en otros países estamos preocupados”. Dijo que parecen actos de populismo cuando gobiernos se comprometen a entregar más de 10% de las zonas económicas exclusivas y no son consultados los actores. “Que no se nos acuse de querer oponernos, estamos dispuestos a conversar los temas, pues asumimos el rol que la misma FAO ha establecido cuando habla de seguridad alimentaria. Somos parte de ese diálogo y queremos participar”.

Añadió que acá no sobra nadie, “que no se nos quiera dividir a los sectores artesanales, ribereños e industriales, todos son importantes para el crecimiento económico y de alimentación en un país. Queremos trabajar junto con los gobiernos”.

Por su parte, Waldemar Arnecke, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pesca y Acuacultura, expresó su preocupación por la región latinoamericana y, en el caso de México, por el cierre, no sólo de una ANP sino del cierre de toda una zona donde el impacto en la población que depende de estos recursos se calcula por miles.

“Queremos dejar claro que no estamos en contra de las ANP, esto va más allá, pues en nuestros países las organizaciones principalmente ambientalistas están haciendo presión y la sociedad está comprando el discurso, lo que se requiere acá es un balance y que se nos deje de ver como depredadores”, dijo.

Agregó que México no está solo, “hoy se trabaja en una alianza latinoamericana de las cámaras de pesca y acuacultura para pronunciarse sobre estas situaciones y contarán con el apoyo de los países de la región”, en este acuerdo también se incluye Argentina, Uruguay y Perú.

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