María Rojo, Marina de Tavira, Ofelia Medina, Tita Lombardo, Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Joaquín Cosío, Gerardo Tort y Héctor Bonilla, entre muchos otros miembros de la comunidad exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una declaración clara y contundente respecto al alcance del decreto expedido el jueves para fideicomisos y mandatos sustanciales en materia de arte y cultura en México.

En riesgo, aseguran, están el Fonca, la Cineteca Nacional, Foprocine, Fidecine, Educal y más.

La Asociación Nacional de Actores, la Asociación de Creadores, Intérpretes, Creadores y Profesionales de Danza, Asociación de Dirección Escénica, Teatro de México, Centro Actoral El Círculo Teatral, Colegio de Productores de Teatro, MOCCAM y la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, entre otros, enviaron una carta a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto y a Arturo Herrera, mostrando su preocupación, pues, las autoridades no  habían emitido información sobre la posible desaparición de fideicomisos.

“Esta falta de claridad ha generado inquietud e incertidumbre. Quienes nos dedicamos a las artes consideramos que la posible desaparición del Fonca derrumbaría toda la estructura que durante años hemos construido para hacer viable, aunque sea un mínimo, pero indispensable, el desarrollo de nuestra actividad, con reconocidas transparencia y legalidad”.

En vista de lo anterior, escriben, “la exhortamos a que se pronuncie públicamente, de manera inmediata, sobre el futuro de los fideicomisos y mandatos para arte y cultura que existen en nuestro país; y que, de ser necesario, encabece la lucha por defender estos mecanismos de financiamiento que no son dádiva de ninguna autoridad, sino conquista del esfuerzo de toda la comunidad artística a lo largo de más de tres décadas”. El documento tiene más de mil firmas de apoyo.

Mientras que en la plataforma change.org se lanzó una petición para la excepción de extinción de Fideicomiso Fonca, la cual lleva más de 7,000 firmas.

Vergonzoso que la SC tenga que justificar la existencia del Fonca: Artículo 27

Los especialistas, Carlos. Lara G. y José Manuel Hermosillo, de Artículo 27, asociación civil para litigar en materia de cultura señalaron que el decreto vulnera derechos fundamentales de terceros y presume un manejo inadecuado de los recursos.

“Estamos ante una ocurrencia más que sin dictamen previo que justifique la pertinencia de fideicomisos como el Fonca o el Fonart, sin avisar a la dependencia a su cargo (Secretaría de Cultura) ordena disparar y después averiguar. Esto es, ordena la desaparición de fideicomisos y abre un plazo perentorio para justificar la no desaparición”.

Señalan que la Secretaría de Cultura no cuenta con un estudio estimado del impacto de la emergencia sanitaria, y le cae encima un decreto que la lleva a tener que justificar la existencia de fideicomisos como el Fonca y el Fonart.

Sobre el decreto de fecha 2 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, opinan:

“Carece de certeza jurídica, con efecto de perjuicio retroactivo, que es contrario al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y a los principios rectores del desarrollo económico nacional que estable nuestra Constitución. El decreto determina la permanencia de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes, en el marco de la llamada Austeridad Republicana, sin importar que con la indebida estrategia de este decreto, se vulneren derechos fundamentales de los ciudadanos beneficiados con los recursos públicos, que legalmente en su momento, les fueron asignados a los fideicomisos públicos”.

A los beneficiarios con las acciones que hasta ahora ofrecen los fideicomisos públicos, les quedaría hacer valer sus derechos culturales, a través del juicio de amparo y dejar sin efecto el decreto referido, por el que se ordena la extinción, en su perjuicio, de instituciones que apoyan su actividad cultural, sostienen los abogados.

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