Lectura 2:00 min
Impulsan eliminar el arraigo penal
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados promueve eliminar de la Constitución la figura del arraigo penal.
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados promueve eliminar de la Constitución la figura del arraigo penal.
Promovida y confeccionada por Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, la iniciativa plantea la necesidad de terminar con los abusos legales, derivados de dicha figura legal recién introducida a la Carta Magna, que vulneran flagrantemente las garantías de los ciudadanos.
La propuesta detalla en la exposición de motivos que, inconforme con la ausencia de un procedimiento que lo facultara a combatir a la delincuencia organizada sin respetar el mandato constitucional original, el sistema jurídico maniobró para reformar la Constitución y de ahí la urgencia por derogar esos cambios aprobados por la anterior Legislatura.
Una figura que viola las garantías ciudadanas
Ahora nuestro texto fundamental autoriza para el tratamiento contra la libertad personal el caprichoso arraigo de las personas que, por no poder comprobárseles ninguna conducta ilícita, reprochable ante la ley, ahora permite negarles la libertad en México. La reforma que legalizó el arraigo en México resulta no sólo una contradicción con el espíritu garantista de la Constitución Política producto de la Revolución de 1910, sino una falta total de la ética social y científica .
Según Castro y Castro, la ley fundamental de los mexicanos contiene numerosos mandatos libertarios en el capítulo Garantías Constitucionales para que de una plumada se autorice a los persecutores de los delitos sospechar legalmente y sin límite de cualquier persona.
La propuesta incluye establecer en la Constitución la figura del juez de habeas corpus. De aprobarse la reforma, dicho juez teniendo en su presencia a la persona que clama justicia, o a quienes la reclaman en su nombre, y a la autoridad que ordenó la detención inconstitucional, resolvería que la detención es legal o bien que no existe razón legal suficiente para retenerlo, ordenando que se le ponga en libertad.
rramos@eleconomista.com.mx