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Política

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Transportistas paran protestas; acusan actos de represión en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua

La Asociación Nacional de Transportistas anunció la suspensión temporal de sus movilizaciones en carreteras del país, tras denunciar presuntos actos de represión por parte de autoridades en entidades como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua.

La Asociación Nacional de Transportistas anunció la suspensión temporal de sus movilizaciones en carreteras del país, tras denunciar presuntos actos de represión por parte de autoridades en entidades como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua.

A través de un comunicado, la organización señaló que las protestas realizadas en días recientes tenían carácter pacífico y respondían a la exigencia de condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de su actividad.

“Salimos a exigir lo más básico: poder trabajar sin miedo a no volver a casa”, expresó el gremio, al denunciar que transportistas enfrentan de manera constante robos, agresiones, desapariciones y homicidios en las carreteras del país.

“El riesgo no solo proviene del crimen organizado, también de un Estado que responde con violencia a exigencias legítimas”, advirtió.

Dicho gremio rechazó que sus demandas tengan un trasfondo económico y aseguró que se trata de una exigencia “moral” vinculada a la seguridad y a la supervivencia de miles de familias que dependen del transporte de carga.

Asimismo, se cuestionó la efectividad de las mesas de diálogo, al señalar que no pueden sustituir la realidad de inseguridad que se vive en las carreteras ni frenar delitos como robos, asesinatos y desapariciones.

Horas antes, se denunciaron presuntos actos de represión violenta en el estado de Tlaxcala contra integrantes del gremio, quienes participaban en una movilización que calificó como pacífica y en ejercicio de su derecho a la libre manifestación.

Según la ANTAC, durante los hechos sus agremiados habrían sido agredidos con armas de fuego y golpeados, además de que se reportó la desaparición de varios transportistas lo que, consideraron, constituye una grave violación a los derechos humanos.

“La criminalización de la protesta y el uso de la fuerza pública para contener movilizaciones pacíficas es inaceptable en un Estado democrático”, sostuvo la organización.

Ante esta situación, el gremio exigió la presentación con vida de las personas desaparecidas, el cese inmediato de cualquier acto de represión contra transportistas y campesinos, así como la apertura de una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente” que permita sancionar a los responsables.

También, la organización demandó garantías efectivas para el ejercicio de la protesta social y advirtió que mantendrán la movilización a nivel nacional frente a cualquier intento de intimidación.

Su presidente, David Estévez Gamboa, subrayó que la principal demanda del sector es garantizar “el derecho a volver a casa”, al considerar que trabajar en condiciones de seguridad no debe ser un privilegio, sino un derecho básico.

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Reportero y licienciado en Ciencias de la Comunicación

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