Ley para atención a desplazados, sin prioridad en Congreso

Aunque todas las fuerzas políticas representadas en su seno han promovido iniciativas en las cámaras de Senadores y de Diputados desde hace ya casi 30 años, el nuevo marco legal para proteger a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos, y por disputas de recursos naturales, o por desastres naturales y discriminación, entre otros factores, sigue pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión.

En 2020, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la expedición de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, cuya minuta fue recibida de manera formal el 30 de abril de aquel año por el Senado y remitida a las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, que nunca aprobaron el decreto correspondiente que pudiera ser discutido y votado por el pleno cameral.

Ante la tardanza para concretar la nueva ley y debido a que la LXV Legislatura del Senado estaba por concluir, por acuerdo de la Mesa Directiva del 25 de abril de 2024 la referida minuta fue declarada como asunto concluido, lo que significa que la discusión en la materia tendrá que iniciar de cero en cualquiera de las dos cámaras legislativas federales.

En México se presentó la semana pasada un nuevo caso de Desplazamiento Forzado Interno (DFI); familias enteras se vieron obligadas a abandonar sus comunidades del municipio de Chilapa, Guerrero, según reconocieron las autoridades federales, por la violencia en la región derivada de la disputa entre grupos de la delincuencia organizada, en específico de los autodenominados Ardillos y Tlacos.

Desde 1998 a la fecha al menos una decena de iniciativas en la materia se han presentado por diputados federales y senadores de Morena, PAN, PRI, PT, PVEM, MC, del desaparecido PRD y sin partido político.

De hecho, la citada minuta aprobada por la Cámara baja y que declaró como asunto concluido el Senado hace dos años fue promovida por los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios representados en su seno en el 2020.

La exposición de motivos reconoció que “una causa particularmente reciente” del DFI “ha sido la violencia de alto impacto derivada del crecimiento de las redes del narcotráfico y el crimen organizado” y que “el desplazamiento derivado de la violencia ocurre como resultado del secuestro, la extorsión, los asaltos, el robo de identidad, las amenazas directas y la desaparición de familiares”.