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Aumenta población penitenciaria 30% desde llegada de 4T
Del 2018 al 2025 fueron 22 las entidades que crecieron su capacidad en prisiones.
Hasta diciembre pasado, en las cárceles estatales y federales estaban presas 256,127 personas.
Entre diciembre de 2018, —mes en el que inició su mandato Andrés Manuel López Obrador— y diciembre de 2025, la población privada de la libertad en México aumentó alrededor de 30%, al pasar de 197,988 personas a 256,127, de acuerdo con los datos penitenciarios más recientes. Este fenómeno se reflejó en un aumento de las entidades con cárceles sobrepobladas, que pasaron de 12 a 18 en el mismo periodo.
Según las cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, los niveles más críticos de sobrepoblación se concentran en Nayarit, donde la población penitenciaria supera en 2,248 personas la capacidad disponible, lo que equivale a 191.65% por encima del límite; el Estado de México, con un excedente de 22,868 personas y una sobrepoblación de 157.92%; Morelos, con 2,145 personas de más (104.79%); Sonora, con 7,562 internos adicionales (94.67%); y Durango, con 2,133 personas por encima de su capacidad (92.94%).
También destacaron Quintana Roo, con 2,060 personas de excedente (76.44%); Chiapas, con 2,446 (53.06%); Hidalgo, con 1,790 (44.56%); San Luis Potosí, con 1,357 (42.01%); Coahuila de Zaragoza, con 1,605 (41%); Veracruz, con 1,783 (25.67%); Aguascalientes, con 432 (23.89%); Tabasco, con 710 (15.33%); Tlaxcala, con 152 (13.93%); Chihuahua, con 1,108 (12.84%); Zacatecas, con 142 (5.88%); Guerrero, con 185 (4.83%), y Jalisco, con 228 personas por encima de su capacidad, equivalente a 1.67 por ciento.
Exceso de reclusos pese a mayor capacidad
Entre 2018 y 2025, 22 estados (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán) incrementaron el número de espacios en sus cárceles, aunque este esfuerzo resultó insuficiente para absorber el aumento de internos en algunos casos.
Y es que de las anteriores entidades, 12 presentan actualmente sobrepoblación: Chihuahua; Coahuila; Durango; Estado de México; Hidalgo; Jalisco; Nayarit; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sonora: Tabasco y Tlaxcala.
Por otro lado, para 2025, 133,214 personas se encontraban sin sentencia, lo que representa 52.01% de la población penitenciaria total. En 2018, la población procesada era de 60,653 personas, equivalente a 30.63% del total de entonces. Esto significa que, en siete años, la cifra de personas sin sentencia aumentó en más de 72,500 personas, con un incremento de más de 21 puntos porcentuales.
Causas detrás del aumento
El incremento de la población penitenciaria en México durante los últimos años responde principalmente a decisiones institucionales, como el uso reforzado de la prisión preventiva oficiosa, y a factores externos, como la presión ejercida por Estados Unidos y los “programas de emergencia” aplicados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicaron Asael Nuche y Javier Oliva Posada.
Para Asael Nuche, vocero de la organización Causa en Común, desde el ingreso al gobierno de la conocida como 4T se retomó y fortaleció una medida cautelar que había sido limitada tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
“Desde que llega Andrés Manuel López Obrador se retoma el uso de la prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar que se impone a las personas que presuntamente cometieron delitos, pero que, por la gravedad de estos y por determinación judicial, se asigna”, explicó.
A este elemento se suma, dijo, un contexto internacional marcado por la exigencia del gobierno estadounidense para que México muestre resultados concretos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y control de flujos de fentanilo y migración.
“Las prisiones con sobrepoblación se vuelven un riesgo tanto para las personas privadas de la libertad como para los propios custodios”, afirmó, y llamó a implementar un plan nacional de modernización penitenciaria acompañado de un incremento presupuestal.
Javier Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la aplicación de planes especiales en materia de seguridad en entidades como Michoacán y Sinaloa han derivado en miles de detenciones.
“El propio secretario ha dicho que en el caso de Michoacán (…) han llegado a detener poco más de 4,000 personas”, apuntó. Oliva Posada sostuvo que estas acciones reflejan un cambio respecto a la política de seguridad aplicada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Sobre el alto número de personas privadas de la libertad sin sentencia, el especialista señaló que este fenómeno está estrechamente ligado a las debilidades estructurales del sistema de justicia. “El problema de la administración e impartición de justicia en México es uno de los puntos débiles en cualquier estrategia en materia de seguridad pública”, dijo, particularmente en lo que respecta al trabajo de los ministerios públicos.
Respecto al crecimiento de la infraestructura penitenciaria en diversas entidades, el analista indicó que este fenómeno se debe también al “crecimiento de la población”, además de la diversificación de los delitos.