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Segob defiende despliegue militar en Michoacán
La dependencia rechazó que la presencia de fuerzas armadas sea una invasión de competencias y un agravio hacia los michoacanos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) descartó que el refuerzo de la presencia de fuerzas federales en Michoacán implique una invasión de competencias y rechazó que eso pueda significar un agravio a los michoacanos o a sus autoridades.
"No podemos aceptar que este elemental principio de legítima defensa de los miembros de las fuerzas federales pueda agraviar de manera alguna a los michoacanos o a sus autoridades", expuso la dependencia mediante un comunicado.
Además, indicó, "tampoco aceptamos que el refuerzo de la presencia federal implique una invasión de competencias, toda vez que como lo señala el Artículo 43 de nuestra Carta Magna el Estado Libre y Soberano de Michoacán es parte de la Federación".
La Segob hizo nueve precisiones respecto del desplegado publicado este sábado por el gobierno de Michoacán en relación al refuerzo de la presencia de militares y policías federales en esa entidad.
En ese contexto la dependencia expuso que ante los recientes acontecimientos en dicha entidad, y por la agresión perpetrada contra las fuerzas y las instalaciones federales de seguridad, el gobierno federal tomó la decisión de incrementar su presencia y reforzar su operación.
Ello con el fin de fortalecer a los miembros de dichas fuerzas en el marco del Operativo Conjunto, pues la gravedad de los hechos requería de una respuesta inmediata, frontal y decidida para proteger a los policías, soldados y marinos, quienes venían siendo blanco de tales agresiones.
Coincidió con lo dicho por Leonel Godoy en el sentido de que la delincuencia organizada representa una amenaza para la paz y la tranquilidad de la nación, las cuales son necesarias para poder lograr desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud en el país.
Por eso, recordó, en la presente administración federal se han emprendido diversas acciones contra la delincuencia organizada, realizando operativos conjuntos en diversos puntos del país, como el que se inició en diciembre de 2006 en Michoacán.
Destacó que en todo momento se ha impulsado una política de cooperación solidaria y subsidiaria con todas las autoridades locales del país, sin distingo alguno de filiación partidista, pues las autoridades locales comprometidas con la lucha anticrimen cuentan con el apoyo del gobierno federal.
La Segob indicó que ante esa situación "de ninguna forma puede aseverarse que el Gobierno Federal actúe de manera unilateral, que no busque la cooperación y la corresponsabilidad como estrategias primarias de esta lucha".
Agregó que "por ello no podemos aceptar que este elemental principio de legítima defensa de los miembros de las fuerzas federales pueda agraviar de manera alguna a los michoacanos o a sus autoridades. Asimismo, tampoco aceptamos que el refuerzo de la presencia federal implique una invasión de competencias".
El Estado mexicano, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de proveer seguridad y justicia a todos los mexicanos, y con pleno respeto al Pacto Federal el esfuerzo nacional por procurar seguridad y justicia requiere de la confianza y cooperación de todos los órdenes de gobierno y los poderes.
"La lucha por la seguridad no es una competencia por un reconocimiento individual y no debe ser entendida así, el único reconocimiento válido será la recuperación de la tranquilidad en la vida diaria", subrayó.
Consideró que sólo la decisión impostergable e ineludible del Estado mexicano de enfrentar a la delincuencia organizada con toda la fuerza de la ley abatirá la violencia generada por los grupos criminales en el estado de Michoacán y en el resto del país.
También reiteró el compromiso del gobierno federal de cerrar espacios a la delincuencia mediante la coordinación de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno para recuperar la fortaleza de las instituciones mexicanas.
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