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Piden a PGR investigación independiente del caso Tlatlaya
El Director Ejecutivo de AI, dijo que si tener al Ejército en las calles fuera la solución habría menores índices de delincuencia, inseguridad e impunidad, lo cual no hay, incluso expuso que en el caso Tlatlaya no ve una investigación seria por parte de las autoridades de procuración de justicia.
La senadora Angélica de la Peña anunció que retomará recomendaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en torno al caso Tlatlaya, por lo que solicitará a la Comisión Permanente que exija a la PGR la creación de una instancia independiente de investigación, además de una indagatoria sobre la cadena de mando de lo acontecido y que la Sedena elimine el término abatir de sus ordenamientos.
En el conversatorio Fuerza armadas, seguridad pública y derechos humanos , la titular de la comisión de Derechos Humanos del Senado advirtió ante especialistas que esto se desprende del informe "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir .
En este contexto representantes de Amnistía Internacional, del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), Prodh, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Universidad Iberoamericana solicitaron al Senado una posición firme para que las fuerzas armadas dejen las funciones de seguridad pública y regresen a los cuarteles.
Perseo Quiróz, director ejecutivo de Amnistía Internacional, dijo que si tener al Ejército en las calles fuera la solución habría menores índices de delincuencia, inseguridad e impunidad, lo cual no hay, incluso expuso que en el caso Tlatlaya no ve una investigación seria por parte de las autoridades de procuración de justicia.
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Insyde, destacó que desde hace 21 años se pronunció en favor de que las fuerzas armadas no tengan labores de seguridad pública y opinó que el Estado Mexicano se colocó en una trampa al sacar a los militares a las calles, decisión que impide la profesionalización de la policía.
Estamos pues ante una trampa. Tlatlaya es un terrible síntoma de una vieja enfermedad , exclamó, por lo que urgió al Senado a no quedarse callado y legislar al respecto.
José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH refirió que del 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 53 recomendaciones por privación arbitraria de la vida, de las cuales 42 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina.
Agregó que estas dos secretarías reportan 3,665 enfrentamientos con organizaciones criminales en los que perdieron la vida 4,363 civiles.
Dijo que la participación de los militares en tareas de seguridad pública no se ajusta ni a la legislación ordinaria ni a las reglas del derecho de guerra, por eso no se puede medir su actuación.
Mario Patrón Sánchez, director de Prodh, dijo que en el informe sobre Tlatlaya no se finca responsabilidad a ningún militar pero sí exige una investigación por el riesgo que pueden significar las órdenes de abatimiento.
tania.rosas@eleconomista.mx
mfh