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Hasta tres años de prisión, a quien obstaculice desarrollo de votación
Quien obstaculice o impida la instalación de casillas en la jornada electoral del próximo domingo podría ir a prisión hasta tres años, advirtió el fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto.
Quien obstaculice o impida la instalación de casillas en la jornada electoral del próximo domingo podría ir a prisión hasta tres años, advirtió el fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto.
Aseguró que, sin importar que se trate de integrantes de la CNTE o cualquier ciudadano, cualquier persona que obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo de los votos o robe boletas electorales, será sancionado, conforme a la ley.
El titular de la Fepade informó que desplegaron a 182 agentes, auxiliares administrativos y peritos, para que reciban y den cauce a las denuncias que se registren en el último tramo del proceso electoral.
El fiscal especializado para la atención de delitos electorales detalló que las sanciones para servidores públicos que incurran en delitos electorales podrían ser multas de hasta 400 días de ingreso y nueve años de prisión.
Para representantes de partidos, penas de hasta seis años de cárcel. Las multas más severas van de hasta 5,000 días de multa y cinco a 15 años de prisión por financiamiento ilegal de campañas, detalló.
El funcionario precisó que desde el arranque del proceso electoral en octubre pasado a la fecha, se han iniciado 1,207 averiguaciones previas por diversos delitos electorales y están en integración 498 actas circunstanciadas, además de que se han girado más de 70 órdenes de aprehensión y obtenido 17 sentencias en los últimos tres meses.
Nieto Castillo dijo que la importancia de la Fepade, en coordinación con las fiscalías electorales locales de los 31 estados y el Distrito Federal, es que juega un papel fundamental como parte del modelo de procuración de justicia penal electoral para la prevención, investigación y persecución de los delitos electorales. Asimismo, refrendó el compromiso y la obligación constitucional inherentes a la fiscalía.