Construirán 44 centros de justicia penal en el país

El Poder Judicial de la Federación (PJF) invertirá 4,000 millones de pesos sólo en infraestructura para centros de justicia penal federal, como parte de la implementación de la reforma penal, que deberán estar instalados en el 2016.

En conferencia de prensa, el magistrado José Nieves Luna Castro detalló que se crearán 44 centros de justicia penal federal en los 32 distritos del país. Explicó, además, que estos centros de justicia concentrarán en un solo espacio a todos los responsables del nuevo sistema de justicia adversarial, como son los jueces de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas y tribunales de segunda instancia.

El Magistrado informó que por adjudicación directa la Secretaría de la Defensa Nacional participará en la construcción de algunos centros, mientras que en otros serán edificados a través de licitaciones.

Adelantó que entre diciembre o enero en La Paz, Baja California, y en Durango comenzará la edificación de los primeros centros.

Luna Castro recordó que sólo en tres estados se está implementando a 100% este nuevo sistema de justicia: Estado de México, Chihuahua y Morelos, los cuales, afirmó, en términos generales están funcionando bien y (la gente) ve como esperanzador al sistema, porque es más transparente .

Advirtió que la falta de una ley secundaria de la reforma constitucional está retrasando la implementación del nuevo sistema oral. De acuerdo con la reforma del 2008, este nuevo sistema deberá estar operando a partir del 2016; sin embargo, dijo que la legislación secundaria está pendiente, aunque el Senado ya trabaja en ella.

El impartidor de justicia mencionó que es mucho menos el tiempo y mucho mayor el reto , para que se aplique en el plazo establecido el nuevo sistema, además de que éste requiere un cambio cultural no sólo de los jueces, sino de la sociedad en general.

La transición de un sistema penal inquisitivo y predominantemente escrito a uno acusatorio y oral impacta en la actuación de jueces, ministerios públicos litigantes, víctimas y victimarios, estudiantes y en la sociedad en general, y cada parte debe ir preparándose para lo que viene .

veronica.macias@eleconomista.mx