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Política

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Comisiones aprobarían Ley de Amparo esta semana

Las comisiones del Senado de la República prevén la aprobación de la Ley de Amparo ya que calificaron como oportunos y viables los cambios efectuados en la Cámara de Diputados.

Esta semana se prevé la aprobación en comisiones de la Ley de Amparo, toda vez que el proyecto de dictamen en el Senado establece que los cambios efectuados en la Cámara de Diputados resultan oportunos y viables .

De acuerdo con el proyecto de decreto, la colegisladora modificó diversos supuestos y tópicos que no están contemplados en la Reforma Constitucional en materia de amparo, por ejemplo, el amparo agrario, plazos, forma de tramitación e inclusión de tramitación electrónica, así como diversos supuestos procesales.

(Las adhesiones) son procedentes y tienen como único objeto promover una modificación sistemática que permita una compresión clara tanto para los jueces de amparo como para los particulares , argumenta.

El dictamen tentativo respalda a los diputados al exponer que incorporaron nuevas reglas y procedimientos que abonan, no sólo a un nuevo juicio, sino a un marco jurídico más protector de los derechos de la ciudadanía .

De aprobarse en sus términos, se avalaría la Ley que elimina la figura de la suspensión provisional en el juicio de amparo, apartado que ha reprochado la comunidad empresarial.

Asimismo, considera, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos.

Por otro lado, los legisladores argumentan que la reforma determina con precisión la incompetencia de origen del juicio de amparo para conocer controversias en materia electoral.

(También) amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado sea parte .

tania.rosas@eleconomista.mx

mac

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