Afinan detalles sobre plan penal

El nuevo fiscal general de la República estaría obligado a presentar ante la Cámara de Senadores, al iniciar su gestión y previa consulta con el Consejo Técnico ciudadano, el Plan de Persecución Penal, de cuyos resultados informaría anualmente de manera pública.

“El fiscal general aprobará el plan que orientará las atribuciones institucionales considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal. Este plan contendrá una estrategia de atención y trámite a través del análisis de la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos criminales; la orientación de los recursos humanos, materiales y financieros; la estrategia de despliegue territorial y la emisión de lineamientos operativos para la función fiscal”.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuyo proyecto se negocia en la Cámara Alta, dicho plan, que integraría los programas de las fiscalías especializadas (en Delitos Electorales, de Combate a la corrupción, en Materia de Derechos Humanos, y de Asuntos Internos), “contendrá la priorización en la persecución de los delitos, mecanismos alternativos y programas o políticas de atención a víctimas entre otros desglosados a metas a corto, mediano y largo plazo”.

Con la expedición de la nueva ley, que senadores y diputados federales pretenden aprobar antes de que inicie, el próximo 1 de diciembre, el nuevo gobierno federal, se abrogará la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República promulgada en abril del 2009 y que contiene 86 artículos, 26 más que la normatividad en ciernes.

La Coordinación de Planeación y Administración sería el área responsable de formular ante el fiscal el referido plan y de la información institucional, así como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros.

Se pretende que el Consejo Técnico de la Fiscalía sea un órgano especializado de consulta integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración de justicia, investigación criminal y derechos humanos.

Los consejeros durarían en el cargo cinco años y serían renovados de manera escalonada. El fiscal general y los fiscales especializados podrán asistir a las reuniones del consejo con voz, pero sin voto.

La ley que confeccionan senadores, representantes de organizaciones, especialistas y futuros funcionarios prevería que en ningún caso el presupuesto para la Fiscalía podrá ser menor al asignado para el año fiscal inmediato anterior.