El rol de las consultas públicas

En el mundo en rápida evolución de las telecomunicaciones y las tecnologías digitales, las consultas públicas se han convertido en una herramienta vital para los gobiernos que buscan desarrollar políticas que sean tanto técnicamente sólidas como socialmente responsables. La principal ventaja de estos procesos es la oportunidad de recibir información por parte de expertos que enriquecen el diálogo sobre el tema en discusión y que muchas veces presenta a las autoridades de gobierno con perspectivas o consecuencias no contempladas en los documentos presentados para comentarios. 

De esta forma, las consultas abiertas proporcionan un foro estructurado a través del cual una amplia gama de partes interesadas, incluidos los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet, los fabricantes de tecnología, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos pueden compartir ideas, expresar preocupaciones y sugerir mejoras a los proyectos de leyes y marcos regulatorios. Siempre y cuando las autoridades tengan la intención de analizar los insumos recibidos y establezcan las condiciones propicias para fomentar la participación en la consulta, las contribuciones ayudan a dar forma a decisiones políticas más efectivas, inclusivas y preparadas para el futuro que apoyan el bienestar a largo plazo del sector.

Existen varias formas en la que los gobiernos pueden controlar la participación de entidades nacionales e internacionales en las consultas que publican. Una de ellas es el tiempo que se ofrece a los interesados para poder responder a la misma. Por ejemplo, mientras países como Chile o Brasil pueden ofrecer un mínimo de 3-4 semanas para una consulta, en los pasados años en Honduras más de una consulta fue publicada con pocos días de tiempo límite para responderla.

Claro que aun este limitado tiempo es mejor que la alternativa, casualmente observada en Puerto Rico en las pasadas semanas donde el cuerpo legislativo aprobó un proyecto de ley mal redactado sin molestarse en consultar a los expertos locales e internacionales que podrían haber evitado un desgaste político dado por el enfrentamiento de distintas entidades de gobierno del territorio estadounidense por su postura en relación con esta propuesta de ley.

No consultar es intencionalmente sabotear el proceso de gobernar para el beneficio de los ciudadanos del país. Uno de los beneficios más notables de las consultas públicas es la transparencia que aportan al proceso de elaboración de políticas. Cuando los gobiernos publican borradores de políticas y buscan la opinión de las partes interesadas, no solo mejora la legitimidad de las decisiones, sino que también genera confianza entre los ciudadanos y los actores de la industria. No hacerlo simplemente es legislar a escondidas del pueblo.

Contrastando, se puede mencionar el de la entidad que agrupa a todos los reguladores de telecomunicaciones de los miembros de la Unión Europea, BEREC, que consulta regularmente sobre temas como la neutralidad de la red y la gestión del espectro, lo que ha ayudado a alinear sus marcos regulatorios con el rápido cambio tecnológico y las necesidades del mercado. Asimismo, en la India, el regulador de telecomunicaciones TRAI abrió una consulta amplia antes de decidir prohibir la fijación de precios diferenciales para los servicios de datos, una decisión que preservó la neutralidad de la red y se basó en una amplia opinión de empresas tecnológicas globales, nuevas empresas locales y defensores de los derechos digitales.

Los gobiernos en América Latina también han obtenido beneficios tangibles de los enfoques consultivos. La subasta de espectro de Colombia de 2019, diseñada después de un proceso de consulta pública, incluyó obligaciones de cobertura rural que expandieron el acceso a banda ancha a miles de comunidades desatendidas. En este proceso, el gobierno también hizo caso a las críticas del sector a un primer borrador de la subasta que no incluía un precio base para cada uno de los bloques de espectro a licitar.

Otro caso se observa con la autoridad de protección de datos de Brasil, que utilizó la retroalimentación de las partes interesadas en 2022 para adaptar las obligaciones de cumplimiento bajo su Ley General de Protección de Datos (LGPD) para pequeñas y medianas empresas, promoviendo tanto la privacidad como la innovación.

En México, afortunadamente existe una cultura gubernamental que fomenta el diálogo con los expertos de los distintos sectores de la industria. Ya sea en la extinta COFETEL, el pronto a desaparecer IFT, o el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, se han visto discusiones sobre cambios en el entorno de telecomunicaciones local. Lo más reciente han sido las consultas organizadas para discutir los distintos puntos de la propuesta de la nueva ley de telecomunicaciones. Como resultado de estas consultas, es que se confecciona la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con el objetivo de atender las exigencias de los actores del mercado.

Desde una perspectiva gubernamental, las consultas públicas también sirven como una herramienta para la gestión de riesgos y la efectividad de las políticas. Involucrar a las partes interesadas desde el principio del proceso puede ayudar a identificar posibles desafíos en la implementación, reducir la probabilidad de reacciones legales o políticas, y mejorar el cumplimiento. También proporcionan una valiosa experiencia técnica que puede no existir dentro de las propias agencias reguladoras. Por ejemplo, las consultas en Costa Rica ayudaron a guiar la preparación del país para el 5G y las estrategias de gobernanza digital, contribuyendo a su liderazgo en la inclusión digital regional.

Sin embargo, el proceso de consulta no está exento de desafíos. Un problema recurrente es la participación desigual: los grandes actores de la industria con equipos de políticas dedicados a menudo dominan la conversación, mientras que las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y comunidades rurales pueden tener dificultades para participar debido a limitaciones de recursos o acceso limitado.

La complejidad de la regulación de las TIC también puede excluir a los no especialistas, y en algunos casos, los gobiernos tratan las consultas como ejercicios de verificación en lugar de mecanismos genuinos de retroalimentación. Otras barreras incluyen plazos de consulta cortos (ejemplo, CONATEL de Honduras), falta de divulgación (ejemplo, URCA en las Bahamas) y capacidad institucional limitada para procesar y responder a las presentaciones (ejemplo, la FCC de EE. UU. con neutralidad de red). Las dinámicas políticas también pueden socavar el proceso cuando las recomendaciones son ignoradas por el cabildeo o la conveniencia administrativa.

Para garantizar que las consultas cumplan con su potencial, los gobiernos deben comprometerse a una divulgación más inclusiva, mayor transparencia en cómo se utiliza la información y un mejor apoyo institucional para gestionar estos procesos. Cuando se implementan de manera reflexiva, las consultas abiertas pueden fortalecer los resultados regulatorios, promover la innovación y asegurar que los esfuerzos de transformación digital sirvan al interés público más amplio posible. En un sector tan complejo y significativo como las telecomunicaciones y las TIC, escuchar voces diversas es esencial para construir un futuro digital resistente y equitativo. Sobre todo, aquellas de individuos con perspectivas contrarias a las propias.