El nuevo líder de Hungría debe evitar los errores de Joe Biden

CHICAGO—Luchando contra un entorno mediático hostil y un mapa electoral manipulado, la oposición húngara, liderada por Péter Magyar, venció a Viktor Orbán, obteniendo no solo una mayoría simple, sino la mayoría cualificada necesaria para modificar la Constitución. Se trata de un giro sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que Orbán se aseguró mayorías cualificadas en 2014, 2018 y 2022, lo que le permitió afianzar a su partido, Fidesz, en las instituciones estatales y en la esfera pública.

Magyar debe ahora cumplir con las cuestiones básicas que ocuparon un lugar destacado en su campaña —nada menos que ante la crisis energética que se está desarrollando en Europa— al tiempo que restaura las normas democráticas. Si gestiona mal estos retos, los reductos de Fidesz en el Gobierno, los tribunales y los medios de comunicación harán todo lo posible por socavar o incluso descarrilar la renovación democrática del país.

El problema de los reductos es considerable. El Gobierno de Magyar se enfrentará a un poder judicial repleto de personas nombradas por Fidesz. El presidente del Tribunal Supremo fue designado para el cargo en 2021 con un mandato de nueve años, a pesar de las quejas del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial. Son muy pocos los jueces que dejarán sus cargos durante el primer mandato de Magyar como para que su orientación pro-Fidesz se desvanezca.

También se han capturado diversos organismos y oficinas estatales. La Fiscalía, por ejemplo, ha demostrado una capacidad infalible para pasar por alto la corrupción de los funcionarios de Fidesz. Y gracias a los aliados de Fidesz en los medios de comunicación y en las universidades, el partido mantendrá un control “tentacular” sobre la sociedad civil.

Aun así, la experiencia de otros países en retroceso arroja algo de luz sobre cómo gestionar estos retos, y los éxitos o fracasos de Magyar en este frente ofrecerán nuevas lecciones para otros.

La presidencia de Joe Biden, por ejemplo, ofrece dos lecciones claras. En primer lugar, Magyar debe tomar medidas rápidas y decisivas para demostrar que hay un precio que pagar por apartarse de las normas legales y constitucionales. En lugar de dar prioridad a la divulgación y el castigo de la criminalidad observada durante la primera administración de Donald Trump, el equipo de Biden hizo alarde de proceder de una manera meticulosa hasta el punto de resultar debilitante.

Como resultado, nunca hubo investigaciones serias sobre los conflictos de intereses financieros o las transacciones en beneficio propio de Trump, y al abordar el papel de Trump en la violencia mortal del 6 de enero de 2021, el Departamento de Justicia llevó a cabo lo que el New York Times calificó de “investigación disfuncional y exasperantemente lenta”. De hecho, se tardó casi dos años incluso en nombrar a un fiscal especial (Jack Smith), momento en el que el viento político ya había dejado de soplar por completo en las velas de la administración Biden. El inicio de la investigación fue tan inoportuno que permitió a Trump acusar a Smith de injerencia electoral.

Del mismo modo, el fiscal general Merrick Garland esperó hasta seis meses después de la toma de posesión para emitir un memorándum que restringía los contactos entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Y en la medida en que esto tuvo algún efecto público, probablemente se disipó con el posterior indulto de Biden a su hijo, Hunter, que Trump, como era de esperar, presentó como prueba de que Biden estaba “utilizando como arma” el sistema judicial.

La teoría vigente en aquel momento parece haber sido que una acción legal inmediata contra Trump habría resultado contraproducente al parecer partidista. Este razonamiento parece ahora claramente erróneo, y Magyar tiene la oportunidad de evitar cometer el mismo error. Además, sus esfuerzos por restablecer la rendición de cuentas no deberían limitarse a impedir que los remanentes de Fidesz socaven los esfuerzos de redemocratización. Dado que su campaña se centró en la corrupción endémica del régimen de Orbán, tendría mucho sentido que los fiscales del Gobierno investigaran a quienes se han beneficiado indebidamente de sus cargos, incluido el propio Orbán.

En lo que respecta a lidiar con los remanentes, los tribunales son particularmente importantes en este sentido. De no haber sido por las decisiones del Tribunal Supremo de EU que neutralizaron la cláusula de inhabilitación de la Decimocuarta Enmienda (por unanimidad —para vergüenza de los jueces liberales)— y luego eliminaron la posibilidad de un proceso penal (ante la fuerte disconformidad de los liberales)—, Trump habría entrado en las elecciones de 2024 en una situación muy diferente. En cambio, esas sentencias significaron que Trump nunca tendría que enfrentarse, en un tribunal abierto, a las pruebas de su peligrosa e ilegal subversión electoral.

Aunque no se pudieran prever los detalles de estas decisiones que favorecieron a Trump, había motivos de sobra para preocuparse por cómo los jueces nombrados por presidentes republicanos (incluidos los tres nombrados por el propio Trump) tratarían las violaciones de la ley por parte de Trump. Si bien la Constitución de EU limita lo que un presidente puede hacer ante tales remanentes judiciales, el enfrentamiento entre Franklin Roosevelt y un Tribunal Supremo conservador por el New Deal en la década de 1930 muestra lo que es posible.

Roosevelt propuso una ampliación del Tribunal, y esta medida legal, aunque muy controvertida, presionó con éxito a los jueces para que abandonaran su obstruccionismo reaccionario. Por el contrario, Biden vaciló y nombró un comité de gran envergadura para estudiar la idea de una reforma del Tribunal Supremo. El resultado, meses después, fue un informe de 200 páginas que casi nadie leyó y que no tuvo ningún efecto en la opinión pública.

Afortunadamente, el Gobierno de Magyar cuenta con la enorme ventaja de una mayoría parlamentaria de dos tercios capaz de enmendar la Constitución. Aunque Fidesz abusó de este poder, la respuesta adecuada no es la inacción santurrona. Es enderezar el rumbo de la democracia.

Al igual que la Hungría actual, llegará un momento en que Estados Unidos necesite superar el segundo mandato de Trump y abordar todo el daño que se ha infligido a los tribunales y a la credibilidad del Departamento de Justicia. Observar lo que funciona y lo que no para Magyar resultará instructivo. Si Hungría puede convertirse en un modelo a imitar para MAGA, también puede convertirse en un campo de pruebas para experimentar con la renovación democrática.

Como mínimo, Hungría será un caso de prueba para determinar si las investigaciones y los procesos penales pueden desmontar el mito de que los líderes populistas defienden a “el pueblo”. Puede mostrarnos si es mejor poner de relieve la corrupción del pasado o centrarse en el comportamiento antidemocrático. Por supuesto, dado que Magyar dispone de más herramientas legales para desmantelar y reformar instituciones políticas distorsionadas —como el mapa electoral manipulado—, su experiencia no ofrecerá a Estados Unidos una plantilla sencilla. Pero al actuar con determinación para erradicar a los obstruccionistas de Fidesz, puede proporcionar una lección importante sobre cómo los defensores de la democracia liberal pueden defender sus propios valores.

¿Marcará la caída de Orbán un punto de inflexión para la democracia a nivel mundial? A medida que se desvanezca el júbilo, es probable que se hagan evidentes más dificultades. Sin embargo, al enfrentarse a estos retos, la Hungría de Magyar ofrece una oportunidad vital para que el resto de nosotros reflexionemos sobre la mejor manera de reformar y redimir nuestros propios sistemas políticos.

El autor

Aziz Huq, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, es autor de The Collapse of Constitutional Remedies (Oxford University Press, 2021).

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