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Falsos nacionalismos frente a datos duros
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
Dos expresidentes salieron de su retiro, Vicente Fox y Felipe Calderón, para ponerse la camiseta “Yo con Maru”, lo que inspiró a otro expresidente, Andrés Manuel López Obrador, a salir de su aislamiento para portar de facto la leyenda “Yo con Rocha Moya”.
La retórica oficial ha encontrado en la palabra “soberanía” un cómodo escudo para evadir las condiciones que el crimen organizado ha impuesto al país.
La infiltración de las organizaciones criminales, con actividades que van más allá del narcotráfico, es más que evidente; también es obvia su colusión con el poder político. La respuesta del eje López Obrador-Sheinbaum se ha reducido a la simplificación y a la defensiva.f
La reciente carta de López Obrador no hace más que confirmar la estrategia: politizar y banalizar un fenómeno transnacional mediante proclamas ideológicas, mientras el país se desangra en vidas y recursos.
Y más allá de los intentos de mostrar esto como un asunto del pueblo bueno contra la extrema derecha, hay datos y cifras económicas oficiales y de organismos globales que desarman la narrativa del aislamiento soberano. El costo de la violencia y el crimen en México no es marginal; es un lastre económico brutal.
De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, la violencia le cuesta al país unos 4 billones de pesos anuales, que equivalen a 11% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica un “impuesto” invisible e injusto de 30,000 pesos por cada mexicano. Pero en aquellos estados donde es evidente el colapso institucional ante el crimen organizado, como Guerrero, Morelos o Sinaloa, el costo devora hasta 20% del PIB estatal.
Hay estimaciones de que el valor de la economía puramente criminal en México equivale a 3.5% del PIB, una masa monetaria mucho más grande que la de una larga lista de sectores productivos. Los cárteles no son simples bandas de delincuentes; son corporaciones criminales que compiten con el Estado gracias, sí, a la protección política que reciben.
Es indefendible el estilo de Donald Trump quien, por cierto, no se ha pronunciado sobre los presuntos narcopolíticos mexicanos; pero la acción de los grupos delictivos mexicanos ha contribuido a generar una innegable tragedia humana y financiera no vista antes en Estados Unidos, provocada por el tráfico de fentanilo y opioides sintéticos desde territorio mexicano.
El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca calcula que esta crisis le cuesta a la economía estadounidense 2.7 billones de dólares cada año, por la pérdida de productividad, costos sanitarios y la muerte prematura de unas 75,000 personas anuales. Está claro que los 5.7 millones de adictos a los opioides en aquel país, hacen de este problema una prioridad de seguridad nacional. ¿No lo sería si esos fueran datos de México?
Es una dificultad muy grave, sin fronteras, y la respuesta correcta no es decir que López Obrador ha sido el expresidente más popular de la historia. La frivolidad de minimizar el problema para proteger una narrativa política solo fortalece a esos grupos criminales.
Si se pensara en las prioridades correctas –vidas y economía–, seguro el régimen mexicano abandonaría esa soberanía del avestruz y uniría fuerzas con Washington. Sin tropas, pero sí con inteligencia, combate financiero y persecución judicial conjunta, para salvar a su amado pueblo del crimen.
Hay estimaciones de que el valor de la economía puramente criminal en México equivale a 3.5% del PIB, una masa monetaria mucho más grande que la de una larga lista de sectores productivos.