Las afores como Motor de Desarrollo

Detrás de cada estado de cuenta bimestral que reciben los trabajadores mexicanos de su afore existe una realidad poco visible, el fondo de inversión colectivo más grande en la historia del país. Los números del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) equivalen a 24% del PIB nacional, 8.3 billones de pesos distribuidos en alrededor de 70 millones de cuentas. Estos recursos no descansan en una bóveda, trabajan activamente en carreteras, parques industriales y redes energéticas. El problema es que la mayoría de sus dueños no lo saben.

Las afores han madurado hasta consolidarse como el principal motor de capital paciente de la economía, otorgando a México una soberanía financiera inestimable frente a la volatilidad de los mercados extranjeros. Por su naturaleza de largo plazo, buscan horizontes de inversión a 15, 20 o 30 años, convirtiéndose en el socio estratégico ideal para el desarrollo estructural que exige el fenómeno del nearshoring.

Actualmente, más de un billón de pesos de este ahorro está invertido directamente en infraestructura mediante Fibras y Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs). Al proveer esta liquidez crítica a cambio de rendimientos robustos y el cumplimiento estricto de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), las afores no solo financian proyectos, sino que empujan a profesionalizar y elevar el estándar institucional de todo el ecosistema corporativo.

El protagonismo del sistema de pensiones adquiere mayor relevancia tras la reciente aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. Esta legislación introduce los Esquemas de Participación Mixta, abriendo formalmente la puerta al capital de las afores para potenciar el Plan Nacional de Desarrollo.

Con la expansión del límite de inversión en activos productivos de 8 a 30% establecida por la Consar, las administradoras se posicionan como el eje central de la estrategia de crecimiento del país. Sin embargo, este nuevo panorama normativo nos obliga a fijar una postura categórica respecto a las salvaguardas regulatorias.

La discusión de fondo no es si las afores deben financiar el desarrollo, ya lo hacen con éxito, sino bajo qué condiciones. La ley no obliga a invertir; las decisiones deben seguir respondiendo estrictamente a la viabilidad técnica y financiera analizada de forma independiente por cada administradora. Para que este esquema mixto funcione, es indispensable garantizar que los comités de inversión operen con una autonomía técnica absoluta, para asegurar que los recursos de los trabajadores estén invertidos de la mejor forma posible.

Para multiplicar el crecimiento, se requiere un compromiso tripartita con visión de Estado. Los ciudadanos debemos asumir nuestro rol de inversionistas a través del ahorro voluntario.

El sector privado tiene la tarea de sofisticarse y generar proyectos transparentes y bancables. Finalmente, la responsabilidad más crítica del gobierno es garantizar certidumbre jurídica y reglas del juego estables. El bienestar de las próximas generaciones no se decreta; se financia, peso a peso, con la certeza de que el dinero de los trabajadores responde únicamente al interés de quienes lo construyeron.

*Director General de BanCoppel y Servicios Financieros Coppel