Hacia adelante

Como se esperaba, el pasado primero de julio los gobiernos de Canadá y México anunciaron su disposición para que el T-MEC fuese renovado por otros 16 años, lo que lo hubiese llevado hasta 2042. Por otra parte, tal como se anticipaba, el gobierno de Estados Unidos anunció que no estaba de acuerdo con tal extensión. En consecuencia, el tratado se mantiene por los siguientes 10 años con un esquema de revisiones anuales.

En este último periodo, puede presentarse el caso de que, si antes de 2036 los tres países se ponen de acuerdo, este se extendería a partir de ese momento por otros 16 años adicionales. Por otra parte, también puede pasar que en algún momento entre 2027 y 2036 uno de los tres países signatarios anuncie su decisión de retirarse, lo que se concretaría seis meses después; en este caso, los otros dos países restantes tendrían que decidir si continúan con un tratado bilateral o este se finiquita en definitivo.

La decisión que tomó el gobierno estadounidense se anticipaba por toda una serie de declaraciones y decisiones por parte de Trump a lo largo del último año y medio, desde la imposición de aranceles especiales a la fracción del valor de los automóviles que no fuesen hechos en Estados Unidos, al acero, al aluminio y otros, hasta su aseveración de que Estados Unidos no necesitaba nada de México y de Canadá, obviando el hecho de que estos dos países son sus principales socios comerciales, tanto por el lado de las exportaciones estadounidenses como de las importaciones que este país realiza. Como ha sido a lo largo de muchos años, esto sólo deja ver lo erróneas que son las ideas que tiene Trump respecto del comercio internacional.

Aunque Trump esté equivocado sobre este tema, una de las razones por las cuales decidió no extender la duración del T-MEC tiene que ver con las diferentes violaciones al mismo por parte del gobierno mexicano, el pasado y el actual. Entre éstas destacan las reformas constitucionales y legales en el sector energético que privilegian a Pemex y CFE y discriminan al sector privado, incluidas las empresas estadounidenses; la eliminación de los órganos autónomos regulatorios en telecomunicaciones y en competencia económica (IFT y Cofece); la prohibición de que el maíz transgénico sea consumido directamente por humanos residentes en México; la prohibición en el uso del glifosato; la reforma que eliminó la independencia del Poder Judicial y, finalmente, la permisividad para que China aproveche para exportar hacia Estados Unidos al amparo del Tratado, violando las disposiciones sobre reglas de origen.

A lo anterior hay que agregar otras decisiones por parte del gobierno mexicano que también pudieron haber influido en la decisión de Trump de no extender el Tratado, destacando la afinidad ideológica de la presidenta Sheinbaum con el régimen dictatorial cubano y el regalo que se les ha hecho de petróleo crudo y combustibles, la persistente penetración del crimen organizado en prácticamente todo el país y la protección a políticos de Morena acusados de tener ligas con los cárteles.

La decisión de no extender el Tratado e irse por las revisiones anuales introduce para los tres países un elemento adicional de incertidumbre, particularmente en lo que respecta al horizonte de planeación de la inversión, principalmente en proyectos ligados al comercio internacional; no es lo mismo un horizonte de una década que uno de 16 años. Y eso sin considerar la posibilidad de que alguno de los tres países, principalmente Estados Unidos, decida salirse anticipadamente.

Sin duda, el más afectado es México. Mientras Estados Unidos y Canadá tienen un sólido arreglo institucional de protección de los derechos privados de propiedad y de solución de controversias, en México los gobiernos de la cuatroté han ido desmantelando el nuestro, tal que se ha debilitado notoriamente el Estado de derecho y la certeza jurídica. ¿Qué certeza jurídica puede haber si el Poder Judicial no es independiente e imparcial? ¿Qué certeza jurídica puede haber si los individuos y las empresas ya no tienen la protección que otorgaba el amparo que dictaba la suspensión provisional por actos de gobierno que violentan los derechos individuales consagrados en la Constitución? Es principalmente esto lo que explica el porqué, a partir de septiembre de 2024 y por 19 meses consecutivos, la tasa de crecimiento anual de la inversión privada ha sido negativa. Y sin inversión privada no puede haber crecimiento económico.

Hacia adelante, y partiendo del supuesto de que el objetivo es que la economía crezca dado que la mejora en otras variables como empleo, salarios reales, ingreso familiar disponible, ingresos tributarios y gasto social están subordinados a ello, es indispensable reconstruir el andamiaje institucional que fortalezca el Estado de derecho y la certeza jurídica y para ello hay que quitarse la telaraña ideológica estatista y revertir varios de los cambios constitucionales y legales. Todo ello era indispensable antes y ahora, con la vigencia acortada del Tratado, lo es todavía más.