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¿Publicidad contingente?
Primero con Juan José Guerra Abud y después con Rafael Pacchiano, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca enfrentó situaciones “contingentes” en materia de comunicación social, que resolvió con el apoyo de Los Pinos. Literalmente.
A lo largo de cinco años, esa dependencia vio desfilar siete directores de comunicación social y en los cuatro primeros años de la administración 2012-2018 recibió 1,000 millones de pesos en ampliaciones en su presupuesto para publicidad. En el tercer trimestre del 2016, por una contingencia llamada COP 16 —uno de los magnos eventos de la administración y el primero para el exlegislador del PVEM—, le fueron canalizados 300 millones de pesos que no se habían gastado, un mes antes de la cumbre ecologista.
Paradojas del sexenio peñista: además de onerosa, la política de comunicación social resultó insuficiente, concluyó la Auditoría Superior de la Federación tras ejecutar una auditoría forense del gasto ejercido por 23 dependencias en el 2017 que erogaron 2,900 millones de pesos por diversas “contingencias”.
La auditoría forense 1697-GB al gasto del gobierno federal en servicios de comunicación social y publicidad de la administración peñista surgió a partir del reporte de las ampliaciones autorizadas al presupuesto para difusión a la SEP durante el 2017 —el año previo a la nominación del candidato presidencial—, que pasó de 19.1 millones de pesos originalmente autorizados por la Cámara de Diputados, a 1,894 millones de pesos.
Fueron dos entregas, al amparo del párrafo noveno del artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que detonaron en la revisión a las erogaciones realizadas durante esa etapa a otras 30 entidades de la Administración Pública Federal, entre ellas las secretarías de Salud, Marina, Relaciones Exteriores, Educación Pública, Defensa Nacional, SHCP, SCT, Sedatu y Semarnat.
Ya fueran ajustes “directos”, como sucedió con el presupuesto para comunicación social para la SEP, o por “compensaciones”, la Secretaría de Gobernación autorizó 7,036 millones de pesos en incrementos en el sistema de contabilidad habilitado por la Secretaría de la Función Pública, aunque la revisión de la Cuenta Pública detectó 6,592 millones de pesos por ampliaciones a los programas anuales de comunicación social.
Ese año, según acreditó la subsecretaría de control y auditoría de la Gestión Pública, el PEF había programado 3,759 millones de pesos en la partida de gasto 36000 para el 2017, pero con las ampliaciones llegó a 10,795 millones.
Dice el párrafo octavo del PEF 2017: “Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos, tengan como propósito promover a México como destino turístico en el extranjero y los que deriven de los ingresos excedentes que obtenga el INM para mejorar los servicios migratorios”.
Así fue como Sedesol, Sedatu, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Migración, las Zonas Económicas Especiales y el Consejo de Promoción Turística en el PEF 2017 no recibieron presupuesto para sus programas de comunicación y publicidad, y ejercieron conjuntamente 2,764 millones de pesos, tras solicitar y recibir autorización de la Dirección General de Normatividad.
Los auditores, tras requerir información a una veintena de dependencias federales, detectaron que la oficina a cargo de Norma Angélica Morales Ledesma autorizó los incrementos con una idéntica argumentación: “Esta Dirección General autoriza, en el ámbito de su competencia, las modificaciones del Programa Anual de Comunicación Social 2017”.
Pero tales autorizaciones eran improcedentes —determinó la ASF— pues no estaban debidamente justificadas, al omitir señalar los resultados de la valoración que debía realizarse.
La auditoría forense confirmó que las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Sedatu, así como el IMSS, el Infonacot, el INECC, la Consar y la Conagua tramitaron incrementos presupuestarios a sus programas anuales de comunicación social y publicidad, al amparo de la causa de excepción “para atender situaciones de carácter contingente”.
Norma Angélica Morales Ledesma, en el oficio SNM/DGNC/1642/18, del 1 de octubre de 2018, que no tiene la facultad de emitir juicios de valor respecto del concepto denominado “contingente” ni estima su validez jurídica, pues no cuenta con atribuciones para interpretar las disposiciones del PEF 2017. Para la ASF, esa respuesta confirmó “la falta de valoración que realizó en cada autorización que emitió”.
A finales del año pasado, los auditores enviaron oficios a SHCP, Segob y Función Pública para que explicaran los criterios para declarar una situación contingente, en materia del gasto en comunicación. No obtuvieron respuesta.
Se apegaron a la definición del diccionario de la Real Academia Española de la lengua, que entre las excepciones incluye “que puede suceder o no suceder”, lo cual implica que para que se actualice dicho supuesto debió acontecer el hecho incierto para hacer nacer la propia hipótesis. Así, la ASF determinó que este supuesto no fue valorado correctamente, toda vez que dicha dependencia no presentó ni contó con elementos proporcionados por la Segob de encontrarse en esa situación “contingente”, tampoco en el análisis realizado por dicha dependencia estableció una definición objetiva que lo describa, que diera certeza a la valoración y autorización o rechazo de la justificación presentada por los entes solicitantes, lo anterior sin menoscabo de considerar que la Segob tuvo opción de solicitar la interpretación correspondiente.