Los rendimientos de Eolo Plus

El carpetazo a la investigación sobre el presunto conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que habría beneficiado a los propietarios de Grupo Higa y la Inmobiliaria SanRomán, resultó alevoso, inverosímil.

Justo hace un mes, en un lapso de apenas 10 días entre el 15 y el 25 de julio pasado la Secretaría de la Función Pública recabó los testimonios de 111 funcionarios de una docena de dependencias públicas. En los seis meses previos habían ocurrido más de 200 indagatorias para recabar documentos oficiales, estados de cuenta bancarios y documentos notariales.

A la SFP acudió un centenar de secretarias, auxiliares administrativos, contadores y directores de área, pero ningún mando superior. Todos fueron sometidos al mismo cuestionario: ¿Se le ordenó asignar el contrato a favor de determinada empresa o persona? ¿La adjudicación se dio en apego a la normativa aplicable?, así como cuestionamientos sobre las relaciones personales o familiares que pudieran tener con Juan Armando Hinojosa o los SanRomán. Y ocurrió lo obvio: nadie dio una respuesta incriminatoria.

Hubo algunas coincidencias de apellidos, pero ninguno de los esquemas elaborados por los investigadores de la dependencia que encabeza Virgilio Andrade sirvió para comprobar consanguinidad , nexos familiares en segundo o tercer grado, o algún negocio.

El 10 de diciembre del 2014, la SFP encargada entonces a Julián Olivas Ugarte abrió una investigación (expediente DGDI/097) sobre las declaraciones de la senadora panista Laura Rojas, quien de acuerdo con la versión publicada en el diario 24 Horas sostuvo que el Ejecutivo federal había incurrido en conflicto de interés, por su relación personal con el empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú. En curso ya estaba la investigación (expediente DGDI/091) sobre la casa de las Lomas de Chapultepec adquirida por Angélica Rivera de Peña y que según sostuvo el dirigente izquierdista Martí Batres había sido omitida de la declaración patrimonial de la pareja presidencial.

Hubo un tercer expediente (DGDI/DGAI/149), a propósito de una queja presentada por Víctor Eduardo Vázquez Guzmán, misma que fue desechada por inoperante. Y es que la denuncia era en contra del presidente y no por irregularidades administrativas de los servidores públicos adscritos a Los Pinos , respondió Rafael Zárate César, titular del órgano interno de Control de la Oficina de la Presidencia, quien se declaró incompetente de investigar al funcionario... por no estar adscrito a la estructura administrativa que encabeza Aurelio Nuño.

Y apeló al Artículo 108 constitucional, que se establece que, durante el tiempo de su encargo, el primer mandatario sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

El 20 de enero del 2015, Carlos Alberto Ramírez Velasco informó por escrito que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la coordinación de administración de Los Pinos, no existen procesos de licitación pública en los que haya participado el Ejecutivo federal .

La SFP según lo informado por Virgilio Andrade, el pasado viernes 21 requirió información sobre los contratos asignados a cuatro empresas de Grupo Higa con el gobierno federal entre el 2010 y el 2014; fueron 22, de los cuales uno fue para Publicidad y Artículos Creativos; dos para Constructora Teya y el resto para Eolo Plus.

Entre el 2011 y el 2012, la compañía en la que Hinojosa Cantú está asociado con Adolfo Godoy Novoa y Mireya Salazar ganó sendas licitaciones para proveer traslados aéreos a pacientes del IMSS y transportar al personal de plataformas de Pemex. Ambos contratos suman 8.9 millones de pesos y existe uno más por 3.9 millones con la filial de Pemex, bajo el rubro de transportación privada (sic).

La indagatoria contiene una relación con dicha información, que también enlista un contrato plurianual y abierto entre Eolo Plus y Banobras, Bansefi, Bancomext y Nafin, respectivamente, para brindar el servicio de transportación aérea ejecutiva.

De acuerdo con los requerimientos oficiales, la firma aérea ofreció dos jets: un Challenger CL , para vuelos internacionales, y un Hawker 800, además de un helicóptero Agusta 119 Koala. La revisión del expediente permite establecer que un grupo de trabajo integrado por funcionarios de las cuatro paraestatales intervino en la asignación de esos contratos, por la vía de la adjudicación directa. Originalmente pactaron una compra consolidada y convocaron a sendas licitaciones públicas, a la que se inscribieron Flymex y Eolo Plus, pero ambos procesos fueron declarados desiertos.

El expediente DGDI/097 también muestra los contratos firmados por las áreas administrativas de Economía y SCT, respectivamente, con Eolo Plus. En el primer caso, está una adjudicación directa por el equivalente en moneda nacional a 12,000 dólares, mediante la que fue contratado un traslado para el secretario Ildefonso Guajardo a su natal Monterrey, entre el 14 y el 17 de febrero del 2013. La agenda pública del funcionario sólo indica dos eventos públicos durante esa estancia. Con la SCT hay suscritos dos contratos, que suman 39 millones de pesos.

La investigación de la SFP no alude los contratos firmados por el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Energía con Eolo Plus ¿estarán reservados? ni los permisos que obtuvo en agosto del 2013 para abrir una escuela aeronáutica.

La investigación fue llevada con la profundidad debida y suficiente , sostuvo Andrade, asumo la responsabilidad íntegra de lo que se ha presentado y de lo que suceda . ¿Será?