Los faltistas y el cumplimiento de la ley

En este espacio, habíamos formulado anteriormente varias preguntas respecto del pago de profesores faltistas: ¿qué pasaría si ustedes o yo no fuéramos a trabajar por dos semanas? ¿Y si nuestros empleadores supieran que bloqueamos Reforma, boicoteamos las elecciones, quemamos paquetería electoral, cerramos gasolineras y destruimos propiedad ajena? ¿Y si no estuviéramos dispuestos a ser evaluados por nuestros supervisores? ¿Nos pagarían nuestro salario? ¿O nos suspenderían el pago y eventualmente nos liquidarían y nos quedaríamos sin trabajo? ¿Pagarían las autoridades si las escuelas fueran suyas y los recursos del Estado fueran suyos? ¿Les pagarían a los maestros bonos para que regresaran a trabajar? ¿O los correrían? ¿Y si sus hijos fueran a las escuelas públicas en las que no hay clases por semanas porque los profesores están delinquiendo? ¿Tomarían las mismas decisiones? No.

Hace unas semanas en el contexto de la celebración del 2 y del 12 de octubre, el titular de la Secretaría de Educación Pública declaró que a los profesores que faltaran a dar clases, se les descontarían los días correspondientes. Con incredulidad, leí en los medios esta noticia. Ya antes se había amenazado con aplicar la ley. En los países que gozan de Estado de Derecho, no se amenaza con cumplir la ley -se cumple siempre, sin excepciones, bajo cualquier circunstancia- y no se negocia su aplicación. Pero nunca se había aplicado. No se habían hecho los descuentos correspondientes a maestros faltistas, aun conociendo el impacto que estas faltas tienen en los niños y jóvenes de este país. Supuse que era una amenaza más que al final sería sólo un arma de negociación del gobierno con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También pensé que si después de esta amenaza, no se cumplía la ley, el recién nombrado secretario de Educación Pública perdería toda su credibilidad con otros actores políticos. Era una apuesta arriesgada y valiente. Días después, escuché declaraciones acerca de los descuentos aplicados a los maestros faltistas (de acuerdo con las listas enviadas por los estados), que en teoría surtirían efectos para la segunda quincena de octubre.

Bienvenida la firmeza en la aplicación de la ley. Como ciudadanos no pedimos ni más ni menos: sólo la aplicación de la ley. Queremos vivir en un Estado de Derecho. Queremos tener la certeza de que las normas se cumplen. Son estas leyes las que regulan la convivencia entre todos los miembros de la sociedad. Son estas leyes las que protegen los derechos de los más vulnerables, en este caso, los niños y jóvenes.

Hace un par de días, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó el plan educativo del secretario de Educación. Los gobernadores manifestaron ser parte de un frente común para materializar la reforma educativa. En los próximos meses, comprobaremos el compromiso y la voluntad política de quienes encabezan los gobiernos de los estados. Demostrarán con acciones u omisiones si están dispuestas a supeditar sus intereses políticos al marco de la ley. En este último incidente, el gobierno de Guerrero no quería descontar los días de salario con el argumento de ser tolerante . Eso no es tolerancia. Se llama violación a la ley. ¿Cuándo sabremos diferenciar entre una y otra, señor gobernador?

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