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Las mentiras del caso Iguala
Una investigación sobre la investigación oficial, pero también la recopilación de nueva evidencia y la incorporación de testimonios inéditos entre ellos, los del comandante del 27 Batallón de Infantería es lo que está en el informe de Grupo Independiente de Expertos Internacionales enviados a México después de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero.
Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula , es la afirmación más contundente de los especialistas reclutados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes también advirtieron su asombro por el nivel de agresión sufrida por los normalistas, quienes fueron víctimas de una acción concertada
Aquella noche aciaga del 27 de septiembre determinaron no solo había presencia de policías de Iguala y Cocula; también fueron detectados elementos de la Policía Federal. Y hay evidencia de la intervención del Ejército. Después de la información expuesta este fin de semana, ¿seguirá la negativa de que sean investigados las tropas del Batallón 27?
Hay dos hallazgos que dramáticamente impactan el curso de la indagatoria de la PGR. El "quinto camión", de la línea Flecha Roja, que habría sido sustraído de la central de autobuses de Iguala con un cargamento de drogas (aunque la versión de los expertos internacionales no resultó lo suficientemente contundente en este aspecto) y la versión de los choferes de una de las unidades de auto transporte, "un testigo clave", que habría señalado a un hombre atlético, que dictaba órdenes desde una casa de seguridad en el centro de Iguala.
¿Y el móvil? Nada de lo que hallaron los consultores internacionales involucraría directamente al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, no a su esposa, María de los Ángeles Pineda. Pero entonces, ¿Por qué estos ataques? El objetivo de la acción era que los autobuses no salieran de Iguala. Y acabar con cualquier posibilidad de huida de sus captores.
El episodio más dramático involucra al dirigente estudiantilJulio César Mondragón Fuentes, quien sin haber participado directamente en la toma de los autobuses, habría sido sujeto de maltratos y torturas policíacas.
De las cuatro versiones distintas vertidas por las autoridades, ninguna pudo ser corroborada. Y el dictamen del perito español Jose Torero, quien estuvo en el basurero de Colula el pasado 12 de julio, es demoledor.
El 27 de enero, Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, presentaron las evidencias que sustentaban la hipótesis oficial: los 43 normalistas fueron levantados por policías de Iguala y Cocula, quienes los entregaron a Felipe Rodríguez, jefe de sicarios de los Guerreros Unidos, quien habría ordenado el asesinato de los jóvenes, quienes fueron incinerados en el basurero municipal y arrojados al Río San Juan.
Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia , subrayó el entonces titular de la PGR, ha sido una investigación exhaustiva, profunda, seria, con muchas bases y muchos elementos .
Tres días después, los cinco integrantes de del GIEI iniciaron formalmente su investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala aquella funesta noche del 26 de septiembre de 2014. Tras de ocho meses de labores y sobre la base de que la búsqueda los 43 normalistas está vigente, los expertos independientes urgieron a un replanteamiento general de la investigación .
¿Borrón y cuenta nueva? ¿O habrá sanciones para aquellos que dieron prácticamente por cerrado el caso? Murillo Karam pasó ocho meses al frente de la SEDATU y de acuerdo a versiones no confirmadas, sería propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar la embajada de México en Portugal. Tomás Zerón de Lucio tendría que defender la validez de las pesquisas realizadas por la PGR.
El informe de los expertos de la CIDH cimbró las redes sociales #Ayotzinapa se colocó en la cúspida entre los trendic topics y de inmediato generó una condena internacional. La PGR debería investigar de inmediato las denuncias sobre graves abusos y obstrucción de la justicia , emplazó Human Right Watch.
Aunque ahora con responsabilidades legislativas, allí están la ex subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio y la ex subsecretaria Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos, Lía Limón, cuyo trabajo quedó cuestionado a partir de las recomendaciones realizadas por los expertos del GIEI. ¿Y la ex subprocuradora Eliana García? El ex presidente del Senado de la República, Luis Miguel Barbosa, bloqueó su reingreso a la estructura administrativa de la Cámara Alta.
Hace tres días, los integrantes del GIEI desayunaron con la procuradora Areli Gómez. Y a la presentación de su informe, acudieron los subsecretarios Roberto Campa y Juan Manuel Gómez Robledo. Mientras, en vísperas del primer aniversario de los hechos, la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, permanece en luto. Y los padres de los
43 normalistas, sin saber la verdad sobre su pérdida.
EFECTOS SECUNDARIOS
ESCANDALOSOS. Primero, el desconcierto y después, un intento fallido por detener la difusión del video en el que se observa el ingreso de Sebastián Lerdo de Tejada al hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, aquella fatídica noche de su fallecimiento. ¿Quién filtró la grabación del pasillo de ingresos al nosocomio que dirige Roberto Arturo Baños Tapia? ¿Efectivamente se trataba de una emergencia médica? ¿Hubo negligencia para brindar la atención que requería un integrante del gabinete presidencial? ¿Y los integrates de la escolta militar tienen algo que informar sobre las horas previas al percante? La polémica envuelve a Elsa Carolina Rojas Ortiz, directora de la delegación regional Poniente y también a Sonia Salazar Ham, directora de la delegación regional norte, quienes tendrían que explicar al nuevo titular del ISSSTE su papel en estos acontecimientos. El ex encargado del despacho, Luis Antonio Godina, y el director de administración, Nazario Ahuactzin, también están bajo fuego amigo. El resto del equipo que acompañó a Lerdo de Tejada compuesto por los titulares de delegaciones, Alfredo Villegas, y de prestaciones económicas, Florentino Castro estarían exentos de cualquier afán de remoción. En cambio, el director de finanzas, Luis Antonio Ramírez Pineda, afronta críticas internas por el incumplimiento de Tradeco en la contrato APP para construir un hospital, y una indagatoria que podría derivar en responsabilidad administrativa.