La primacía del orden político

La experiencia reciente de Chile, en la que las protestas populares y la agitación de izquierda de 2019 han dado paso a una ola de reacción, muestra que los progresistas no siempre comprenden lo obvio de que el derecho de las personas a la seguridad personal es lo primero. Después de una primavera de protestas universitarias generalizadas, Estados Unidos podría experimentar un giro político similar.

LONDRES. Es el improbable protagonista de un aspirante a éxito de taquilla: un comerciante calvo, regordete y con orejas grandes. La trama es igualmente improbable: afuera, los jóvenes manifestantes marchan por la avenida clamando por igualdad y libertad; En el interior, el fabricante de sándwiches de mediana edad lucha por evitar que su tienda sea vandalizada una vez más.

No lo habrías adivinado: el comerciante poco glamoroso resulta ser el bueno, y los glamorosos manifestantes, con bíceps relucientes y banderas en alto, son los malos. Los valores pequeñoburgueses (“lucho para defender mi pequeño agujero en la pared, mi única fuente de ingresos”, murmura el protagonista) prevalecen.

La película, titulada La Fuente, que se estrenará a finales de este año, resume claramente la evolución de la opinión pública en Chile durante los últimos cinco años. Cuando estallaron las protestas en octubre de 2019, las encuestas revelaron un apoyo generalizado al movimiento. Más de 1 millón de personas salieron a las calles de Santiago, la capital, en una sola tarde. Chile ha despertado, bramaron los intelectuales locales, y la prensa internacional repitió la consigna.

Unos meses más tarde, llegamos al día en el que los cierres pandémicos pusieron fin a las protestas: cientos de tiendas y supermercados fueron destrozados y a menudo quemados hasta los cimientos, dos docenas de estaciones de metro (en su mayoría en barrios pobres) incendiadas, infraestructura pública, desde los bancos de los parques, a centros comunitarios) saqueados y destruidos. El centro de Santiago quedó como una zona de guerra, con paredes cubiertas de grafitis y escombros por todas partes.

Avancemos de nuevo, esta vez hasta septiembre de 2022: el proyecto constitucional de extrema izquierda exigido por los manifestantes, redactado por una asamblea en la que los radicales tenían la mayoría trabajadora, es rechazado por el 62% de los votantes.

Ahora, vayamos al presente: el octubrismo (la ideología detrás de las protestas de octubre de 2019) se ha convertido en una mala palabra. La distribución del ingreso y la calidad de la educación pública ya no son las principales preocupaciones de los ciudadanos; lo es el crimen, junto con la inmigración y el narcotráfico. Las encuestas apuntan a que el próximo presidente de Chile será un conservador. La principal duda es si será alguien de centroderecha o de derecha populista y autoritaria.

Para la izquierda chilena es difícil concebir un fracaso más colosal. De alguna manera, logró arrebatar una serie de derrotas a las fauces de la victoria. Sin embargo, la cuestión subyacente no es una cuestión de tácticas, sino de conceptos. Como liberal, no tengo ninguna duda de que la libertad y la igualdad son objetivos políticos primordiales. Pero antes de que podamos tener libertad e igualdad, debemos tener orden político.

Ésa era la idea del Leviatán de Thomas Hobbes: sin un Estado que tenga el monopolio de la coerción, la vida es “desagradable, brutal y corta”. Francis Fukuyama, en Los orígenes del orden político, explora la cuestión con minucioso detalle histórico. Ése es también el punto, por supuesto, de las tribulaciones del comerciante chileno: su derecho más fundamental –uno por el que está dispuesto a luchar– es el derecho a la seguridad personal, el derecho a que no le rompan los escaparates ni le destruyan los mostradores. Fuego mientras intenta alimentar a sus clientes.

Como lo revela la experiencia reciente de Chile, los progresistas no siempre captan ese punto obvio. Y Chile no está solo. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos en la década de 1960, cuando a las protestas universitarias generalizadas siguió la elección de Richard Nixon. Y en Francia, donde mayo de 1968 allanó el camino para que el partido gaullista arrasara apenas un mes después, en unas elecciones que costaron a los partidos socialista y comunista decenas de escaños.

Las protestas en las universidades por el conflicto Hamás-Israel me han recordado este enigma. Una vez más, hay cuestiones sobre las cuales no debería haber desacuerdo. Los derechos a la libertad de expresión, a la disidencia y a la manifestación pacífica son esenciales, especialmente en los campus universitarios. Las universidades deberían ser lugares donde la gente pueda expresarse libremente, por impopulares que sean sus opiniones, sin temor a represalias. Es trabajo de los administradores universitarios defender esos derechos.

Pero hay dos giros complicados. Una es que las manifestaciones han sido abrumadoramente pacíficas, pero no universalmente. En la Universidad de California, Los Ángeles, “estallaron altercados físicos”, como dijo un funcionario universitario. También se han producido enfrentamientos en otros lugares. Cuando ocurren tales confrontaciones, los administradores universitarios no pueden quedarse al margen.

Una segunda cuestión, y más fundamental, como argumentó John Stuart Mill en Sobre la libertad, es que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. En una sociedad liberal, tenemos derecho a hacer o decir lo que queramos siempre y cuando no limitemos, ni siquiera sin querer, el derecho de otros a hacer lo mismo.

Aplicar estos principios en los campus universitarios es una tarea espinosa. ¿Cuándo un campamento, con acceso improvisado a energía eléctrica, se convierte en un peligro para la seguridad? ¿En qué momento cantar en un patio universitario impide estudiar o tomar exámenes? ¿Está justificado alguna vez bloquear el acceso a los edificios universitarios por parte de los manifestantes? ¿Qué cánticos o consignas, además, ¿puede ser justificadamente visto como amenazante –y por tanto inaceptable– por otros miembros de la comunidad universitaria? Los líderes universitarios han dado diferentes respuestas a estas difíciles preguntas, con consecuencias que no siempre han sido felices.

También importa mucho el ambiente que rodea las manifestaciones. Como profesor universitario, me conmueve ver a estudiantes de ambos lados marchar por lo que creen que es correcto, y no me ha sorprendido escuchar a colegas académicos pronunciar discursos apasionados sobre la importancia de la libertad de expresión en el campus. Tampoco me ha sorprendido ver las largas citas que esos discursos obtienen en los principales medios de comunicación.

Me ha sorprendido, sin embargo, la escasez de elogios a los estudiantes que temen que su aprendizaje se haya visto afectado. O a la familia que ahorró durante años para enviar a su hijo a la universidad y llegó con orgullo al campus para celebrar su graduación, sólo para enterarse de que la ceremonia había sido cancelada.

Y no me sorprendería saber que la campaña presidencial de Donald Trump esté celebrando en silencio (y realizando intensas encuestas sobre el tema). Los fantasmas de Berkeley en 1964 y París en 1968 (y Santiago en 2019, aunque pocos estadounidenses lo sabrán), convocados por UCLA, Harvard y Columbia en 2024, podrían aparecer justo a tiempo para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Ahora bien, ciertamente valdría la pena manifestarse contra eso. Cuenta conmigo.

El autor

Andrés Velasco, exministro de Finanzas de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Derechos de autor: Project Syndicate, 2024.

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