IFE: la consulta que viene

Ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adoptada el 14 de septiembre del 2011, mediante la cual revocó por unanimidad la reforma al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral aprobada por el Instituto Federal Electoral (IFE), las descalificaciones y las críticas de los personeros del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se dejaron esperar. Llegaron incluso a cuestionar la independencia y honorabilidad de los magistrados con la ya clásica cantaleta de que el que no opine como yo es un vendido a los poderes fácticos.

Personajes como el diputado-senador-candidato-diputado Javier Corral, quien curiosamente contendió por la gobernatura de Chihuahua en coalición PAN-PRD, se manifestaron ofendidos por la resolución del Tribunal que obliga al IFE a realizar una consulta pública antes de modificar sus reglamentos. Al diputado Corral y su facción agrupada en la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) les pareció absurdo que el IFE deba allegarse de información técnica antes de tomar decisiones trascendentes para la industria de la radio y la televisión. Siempre que así conviene a sus intereses, la Amedi exige que las decisiones de las autoridades se sometan a consulta pública, pero cuando no es así, prefieren el secreto y las decisiones basadas en el autoritarismo y afirmaciones dogmáticas.

El Tribunal hace bien en aclarar que toda regulación debe tener sustento en una consulta pública que permita a los sujetos regulados expresar libre y democráticamente sus opiniones y sugerencias respecto de la regulación que pretenda emitirse. Sostener lo contrario implica un retroceso en la transparencia con que los ciudadanos exigimos que se conduzca el poder público.

Es cuestionable que el IFE haya pretendido modificar normas de radio y televisión sin tener un solo dictamen técnico de factibilidad. De igual manera, el IFE omitió realizar visita alguna para constatar las condiciones tan diversas en que operan las estaciones de radio AM, FM y de televisión. Para el IFE, todas las estaciones tienen la infraestructura con que cuentan las redes nacionales. Lo cual, evidentemente, está alejado de la realidad. El modelo de comunicación de la pasada elección presidencial (2006) no tiene comparación con el que se avecina (2012) por dos motivos centrales: (i) se prevén mucho más spots (alrededor de 40 millones) y (ii) en aquella ocasión los medios operaban como redes nacionales y ahora el IFE pretende que los spots sean distintos en cada estación por alejada que esté, lo que alarga los tiempos de recepción y procesamiento del material en cada plaza.

La resolución del Tribunal desarrolla con amplitud suficiente las razones que lo llevaron a concluir que la motivación del IFE se limitaba a afirmaciones dogmáticas, que no se traducían en una justificación adecuada para modificar los plazos de transmisión. Más allá de expresiones retóricas, las reformas del IFE carecen de explicación alguna sobre las razones que justificarían la modificación de los plazos para la transmisión de los spots.

En su modificación al reglamento, el IFE afirma que se requiere dar celeridad a la transmisión de los spots de los partidos, con el fin de mantener oportunamente informada a la sociedad sobre las propuestas de partidos y candidatos. Ésta es una afirmación dogmática. El IFE quiere que los spots se transmitan en dos días, sin importar si esto es técnicamente posible o no, pero ¿la propuesta de un partido o candidato y su visión del país cambia cada dos días? ¿Sus ideas sobre la manera de solucionar los múltiples problemas y amenazas que sufre nuestro país varían cada dos días? ¿La opinión que los ciudadanos tenemos de los partidos y la clase política se modifica en dos días? ¿Es posible que las condiciones sociales, económicas y políticas del país cambien dramáticamente de un día para otro de tal manera que los ciudadanos requerimos saber la postura de partidos y candidatos en dos días?

Aparentemente, ahora sí, el IFE va a realizar una consulta pública sobre las reformas que pretende. Esperemos que la consulta sea verdaderamente plural y no sólo se consulte a grupos a modo, afines a los intereses del PAN y el PRD, y que una vez concluida el IFE desarrolle puntualmente los argumentos por los que desecha o acepta las observaciones y las sugerencias de cada uno de los participantes en dicha consulta. De no ser así, el Tribunal volverá a revocar las modificaciones impuestas arbitrariamente por el IFE.