¡Gobernante a tu gobierno!

Más que una decisión sensata parecería que se trata de una reacción caprichosa en un escenario para medir fuerzas y dejar un testimonio de poder. Así podría interpretarse la declaración del Ejecutivo federal, mediante la cual deja la posibilidad de que sea el gobierno quien concrete la compra de Banamex, hasta hoy propiedad de Citigroup. Sin embargo, la incertidumbre generada alrededor de la compra, parecería hacer que esta posibilidad se tambalea con violencia y dejaría al aíre la oferta que Grupo México quienes han sido sujetos de acciones provenientes de gobierno que afectan la certeza jurídica de sus intereses empresariales.

El gran asunto que se asoma en este tramo de historia, es la conveniencia de que un gobierno se convierta en dueño y empresario de la banca, cuando en estricto sentido esto representa una distracción o un alejamiento de la función central con la que este debe cumplir. Si ese cumplimiento en temas sensibles es cuestionable, se refuerza el argumento de que no es deseable el que se agreguen actividades distintas a aquellas que ya están en grados de poca atención en la apreciación de una sociedad demandante. A pesar de que el modelo para la compra y operación de tal grupo bancario sería bajo la figura de una asociación público privada, la distracción económica del estado para el pase de estafeta y arranque de operaciones en una nueva etapa, seguramente haría una mella en las finanzas del país.

Veamos, si el proyecto involucra un esquema mixto de asociación, existirá aún la necesidad de que el estado le provea de recursos al agente privado para la adquisición de bienes o servicios.

Un proyecto de asociación público privado involucra la implementación de un esquema complementario para el desarrollo de obra o para la creación de infraestructura que, de otra forma, un gobierno o un particular, se quedarían cortos en poder proveer a plenitud y con la calidad deseable.

Generalmente dicho esquema, sin embargo, se utiliza a la inversa; es decir, desde la necesidad de participación de un particular para acoplarse financieramente a la provisión de servicios que son responsabilidad exclusiva del estado. Ahí caben las cuestiones relativas al sector salud por ejemplo, donde no hay un proceso de privatización, pero existe una participación privada en complemento de varios casos.

Y la gran pregunta es si de verdad al estado mexicano le conviene convertirse en banquero de alto vuelo, cuando aún no ha podido despegar en su propio esquema de operación en el Banco del Bienestar. Primero servicios públicos esenciales con alta calidad y compromiso, y después a buscar donde invertir. La propia experiencia de la nacionalización de la banca en 1982 ejemplifica a suficiencia el por qué no es viable ese cometido en un gobierno. Si aquello que resulta obligado no está satisfecho, mejor dedicarse a pulir la seguridad pública, la salud, y un largo etcétera que constituyen deudas con un pueblo en excesos paciente.

Twitter: @gdeloya