Fideicomiso 1705

La construcción y el equipamiento de la nueva sede de la Cámara de Senadores es una historia que cumplió 20 años y su capítulo final todavía está lejano. En abril de 1994, la Secretaría de Hacienda constituyó el fideicomiso 1705 en Banobras, del que han salido los 2,000 millones de pesos erogados en este elefante blanco, que después de una década de edificación tampoco ha quedado concluido.

De esa institución financiera -que encabezaron Felipe Calderón y José Antonio Meade en aquella época- salieron los contratos del proyecto ejecutivo para la construcción del recinto legislativo, así como la ejecución de la obra correspondiente y el equipamiento de instalaciones y la supervisión de los trabajos.

GAMI Ingeniería e Instalaciones fue la empresa elegida para esta mega obra, que debía ser entregada en el 2010. En septiembre del 2006, al arranque de la 60 Legislatura, los grupos parlamentarios instalaron un comité técnico del Fideicomiso 1705. El coordinador del Grupo Parlamentario, Santiago Creel Miranda, nombró como representante de su bancada a José Guadalupe González Morfín, quien ocupó la presidencia del Comité Técnico del fideicomiso y se quedó los cuatro años siguientes.

El panista -quien ahora preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados- propuso al arquitecto Óscar Ricardo Gonsenheim Paillés como director técnico del proyecto. La inauguración del nuevo recinto legislativo sería para el 1 de septiembre del 2010 y se inscribiría en la conmemoración oficial de los festejos por el Bicentenario de la Independencia. Para esa fecha, la obra seguía inconclusa y su apertura se reprogramó para el 20 de noviembre, centenario de la Revolución Mexicana. Las presiones para inaugurar la obra se materializaron en una serie de volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios realizados por la contratista fuera del catálogo original de encargos, que si bien eran indispensables para la culminación del proyecto no fueron pagados, debido a que el Comité Técnico del Fideicomiso no las autorizó. A partir de entonces fue la indefinición... salvo un plazo fatal -que se cumplía el 31 de marzo del 2011- que era el vencimiento de las pólizas de garantías tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil. El atraso en la ejecución de los trabajos se debió a causas imputables a GAMI, y para entonces González Morfín ya había tirado la toalla. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, decidió tomar el control de la situación.

El relevo se concretó el 24 de marzo del 2011; González Morfín dejó la representación del PAN a Gabriela Ruiz del Rincón, mientras que Fernando Castro Trenti -uno de los senadores más cercanos a Beltrones- asumió la presidencia del órgano colegiado, al que también se había integrado el petista Arturo Escobar y Vega. El PRD mantuvo al hidalguense José Guadarrama Márquez.

El legislador priísta requirió a Rodolfo Noble San Román, secretario de servicios administrativos del Senado, un informe detallado del contrato firmado con GAMI, mismo que elaboró Carlos Cravioto Cortés, director de asuntos jurídicos, y fue presentado en una sesión extraordinaria del Comité Técnico, que se celebró en lo que actualmente es la sala de prensa del recinto legislativo.

Allí quedaron detalladas las causas del desfase en la entrega de la mega obra, que comenzó a atrasarse por la cimentación requerida por las características del predio seleccionado -un terreno fangoso- y a la dificultad de la demolición de lo que antiguamente fue el edificio. También quedó constancia de que los incrementos y la reprogramación de los trabajos -y sobreprecio- fueron avalados por el director técnico del fideicomiso y la empresa Systec.

El director jurídico descartó -por no existir causas justificadas - aplicar la terminación anticipada del contrato y se opuso a la rescisión del mismo, por el tiempo que tomaría ejecutar esa decisión. La conciliación o la suscripción de un convenio modificatorio eran, a su juicio, las soluciones más viables. El director técnico del proyecto, Óscar Gonsenheim Paillés, y el representante fiduciario de Banobras, Alejandro Bustos Rodríguez, recomendaron la firma de un quinto convenio modificatorio, el cual asentó que la obra debía ser concluida el 31 de marzo del 2011.

Para agosto del 2012, la paciencia de subcontratistas y legisladores se había agotado. Si bien ya no se autorizó prórroga alguna, no se iniciaron acciones legales en contra de GAMI.

Hoy se habla de 490 observaciones de incumplimiento. Al cabo de tres años, ni el finiquito de la obra ni la entrega-recepción han concluido. La inconformidad de la anterior legislatura con la calidad de los trabajos se ha multiplicado. ¿Acaso firmarían un sexto convenio modificatorio para realizar las reparaciones e iniciar nuevas obras? Así pareciera, pues existe la intención de edificar un elevador externo a un costado del área conocida como la cuña , para desahogar la torre de oficinas.

Y tampoco pudo tenerse acceso pleno a la información sobre los contratos y las actas del Comité Técnico. El micrositio especial habilitado por la mesa directiva del Senado de la República, con un libro blanco virtual sobre la construcción de la nueva sede senatorial, apenas estuvo habilitado tres semanas.