Acoso y violencia en la universidad

La normalización de la violencia extrema y la naturalización secular de la violencia sexual persisten hoy, pese a los múltiples esfuerzos que se han hecho desde el feminismo,  la sociedad, la academia, organizaciones, instancias internacionales para frenar y advertir de sus efectos nefastos. La tolerancia a la violencia favorece su perpetuación. La tolerancia de la violencia sexual, aunada a la estigmatización de la víctima, daña tanto a ésta como a la comunidad que minimiza, disculpa u oculta la agresión. Rebelarse contra las violencias y la tolerancia social de éstas es un acto de defensa de la vida y de la dignidad.

El paro en las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México es un mensaje de alerta tanto a las autoridades responsables de esta casa de estudios como a los/las responsables de las universidades y centros de investigación del país. Si bien muchas IES han elaborado protocolos y creado unidades, en principio especializadas, para canalizar y atender las denuncias de acoso y violencia contra estudiantes, docentes o personal, numerosos casos evidencian que subsisten fuertes resistencias a reconocer la gravedad del problema y a sancionar a los agresores.

En el caso de la UAM-Cuajimalpa, lo que detonó el paro no fue la denuncia de una alumna violada por un compañero, como encabezaron la noticia algunos medios, sino la resolución del Comité de Faltas que (según fragmentos del documento) aceptó la explicación del perpetrador de que se había tratado de una penetración “por accidente”. La ausencia de sanción contra el presunto violador, con quien la chica tuvo que compartir clase desde entonces,  fue el detonador de la indignación estudiantil. Al paro declarado el 9 de marzo en ese plantel, estudiantes de las demás unidades respondieron en solidaridad  el 10, y denunciaron otros casos en que las autoridades no han dado respuesta acorde con la gravedad de los hechos.

Parar una universidad por un caso de violencia sexual no es exagerado. Es un acto legítimo, más cuando el problema es sistémico. Así lo han reconocido las redes feministas de alumnas, profesoras e investigadoras de la UAM que se han solidarizado con las chicas en paro y las especialistas feministas que están dando seguimiento a sus demandas y necesidades. Como sostiene la Red de Investigación sobre Violencias de la UAM en una carta pública, los hechos de violencia “dolosamente afectan el derecho de las alumnas y alumnos al acceso pleno a la vida universitaria”; señala también que “sin justicia no hay paz”.  Tener que enfrentar acoso y violencia en el espacio educativo mina el desarrollo personal e intelectual, provoca miedo y ansiedad, como declaró una alumna a los medios.

Ni la violencia misógina ni la incapacidad de sancionarla conforme a la justicia son problemas exclusivos de la UAM.  El caso de Cuajimalpa es emblemático – hasta donde sabemos –  por la carencia de “perspectiva de género” y hasta de sentido común de un Comité de Faltas que pretende ignorar que la violación es ante todo abuso de poder y que no existe violación “accidental”.  Por desgracia, también en otras universidades públicas y privadas se han dado a conocer casos mal llevados o no resueltos, donde se ha  estigmatizado a las víctimas y se les  ha obligado a convivir con agresores o a ser ellas quienes se cambien de salón o  de institución; donde se ha protegido a estudiantes o profesores para “no arruinarles la carrera”, como si sus actos no perjudicaran la carrera y la vida de las sobrevivientes;  donde se ha acosado o censurado  a quienes alzan la voz y apoyan las denuncias,  como si los ataques o el acallamiento pudieran borrar los hechos.

Éste y otros paros y denuncias demuestran que urge un cambio radical en las universidades. Es hora de poner fin a las complicidades patriarcales, a la negligencia y la opacidad; a actuar en favor de la justicia.