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A controversia(zos) constitucionales
En un Estado de Derecho las personas y las autoridades cumplen con los preceptos de la ley. No es opción. Las diferencias se dirimen en los tribunales.
Jesús López, presidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados local, afirma que nos hay plazos fatales en la discusión y análisis de la ley estatal de educación, ya que pueden registrarse tomas inesperadas ; aunque expresó que el dictamen estará listo antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una resolución en la controversia constitucional que presentó la Presidencia de la República en contra de Oaxaca.
Primera pregunta: ¿Por qué piensa que no hay plazos fatales para analizar, discutir y dictaminar? Al legislador se le olvida que la reforma educativa estableció un plazo para que los estados armonizaran su legislación con lo establecido en la Constitución. Ese plazo se venció hace varios meses. Quizá piensa que como ya transcurrió el plazo, da igual si se dictamina seis meses tarde o más (después de que termine su encargo, para no tener que asumir el costo político con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE).
Segunda pregunta: ¿Son los legisladores rehenes de la Sección 22? Tal parece que los legisladores del Congreso estatal de Oaxaca en lugar de cumplir con su encargo constitucional se dejan secuestrar por los intereses de un grupo que actúa continuamente fuera de la ley y en contra de los intereses de los niños de ese estado. Les da miedo legislar porque la Sección 22 de la CNTE puede hacer tomas inesperadas. Vaya legisladores.
Tercera pregunta: ¿Están llevando esta reforma al límite? ¿La van a sacar un minuto antes de la resolución de la SCJN? ¿Es un juego político?
Cuarta pregunta: Suponiendo que los legisladores pasan las reformas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución, ¿qué hará el gobernador? ¿Vetará o promulgará las leyes? ¿Cumplirá con su responsabilidad o continuará siendo rehén de la CNTE?
Como ya había comentado en este espacio, la reforma constitucional en materia educativa es aplicable en todo el territorio nacional. No es posible que algunos estados decidan que no van a hacer su legislación compatible con las leyes generales o que en sus legislaciones secundarias van a contravenir o evadir algunos preceptos de la Constitución o de las leyes secundarias. Oaxaca es un caso paradigmático de la falta de Estado de Derecho en nuestro país. ¿De verdad creen el gobernador y los legisladores estatales que pueden estar al margen de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Son marionetas de los líderes sindicales?
La Suprema Corte de Justicia tiene una gran oportunidad para fortalecer el Estado Derecho y ser un actor relevante en la reforma educativa. En un Estado de Derecho, las leyes de los estados están en sintonía con las leyes de la nación a la que pertenecen. No las pueden contravenir. En un Estado de Derecho, las personas y las autoridades cumplen con los preceptos de la ley. No es opción. En un Estado de Derecho las diferencias se dirimen en los tribunales. No se resuelven a palos en las calles, ni cerrando escuelas, ni sobornando líderes sindicales o autoridades. Tampoco se solucionan abdicando. La Suprema Corte tiene la posibilidad de dar vida a nuestro Estado de Derecho y de detonar cambios estructurales a favor de la educación de los niños en nuestro país. ¿Aprovecharán la ocasión?