Intervención militar de EU en México: La duda ahora es cuándo y cómo se producirá

“La situación entre México y Estados Unidos continúa tranquila”, rezaba el encabezado de una nota de la Associated Press (AP) publicada hace exactamente 100 años, el 24 de enero de 1926. Hoy en día un encabezado similar es prácticamente impensable.

Desde que Donald J. Trump asumió la presidencia hace un año, la relación entre los dos países ha estado marcada por la hostilidad proveniente del norte del Río Bravo. No en balde, la misma agencia de noticias publicaba el pasado 16 de enero un teletipo con las declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. En ellas, expresaba “un esfuerzo por evitar los rumores de intervención por parte de la administración Trump”.

En este baile, Estados Unidos lleva la iniciativa y su estrategia juega en contra de la inviolabilidad del territorio mexicano y la soberanía el país. Washington ha movido ficha al reclamar que no solo detengan y les entreguen a presuntos miembros de los cárteles, sino también a narcopolíticos. Es decir, a funcionarios públicos coludidos con el narcotráfico. Esto supone un factor de presión añadido para Sheinbaum, ya que algunos de esos narcopolíticos tiene vínculos con Morena, el partido que la llevó a la presidencia, y con el propio Gobierno.

El interrogante que sobrevuela ahora el ambiente no estriba tanto en si habrá algún tipo de acción armada por parte de efectivos estadounidenses en México durante este 2026, sino qué forma adquirirá.

Más de un siglo bajo amenaza

En 1916, la “expedición punitiva” comandada por el general Pershing penetró en territorio mexicano en búsqueda del líder revolucionario Pancho Villa. Este había asaltado el poblado estadounidense de Columbus y la amenaza de una intervención armada en territorio mexicano parecía real. Hoy en día, más de un siglo después, esa amenaza sigue vigente.

Desde la ilegal incursión de tropas estadounidenses en Venezuela, el presidente Donald Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que un ataque armado por parte de las fuerzas armadas de su país puede tener lugar. El mensaje no puede ser más claro: “Algo se tiene que hacer con México”.

El pretexto para las amenazas intervencionistas es ahora el tránsito de drogas de México a Estados Unidos, particularmente de fentanilo. De manera un tanto surrealista, el mandatario estadounidense ha designado a esta sustancia como “arma de destrucción masiva”. La relación bilateral, pues, no está tranquila.

Sheinbaum deja atrás los “abrazos” sin balazos

La respuesta de la presidenta mexicana ha pivotado de forma recurrente sobre dos argumentos. Por un lado están sus repetidas declaraciones oponiéndose a cualquier intervención armada estadounidense en territorio mexicano. Por otro, sus reiteradas alusiones a la intensificación de la cooperación de su gobierno con las autoridades estadounidenses en materia de narcotráfico. Una colaboración que, en opinión de Sheinbaum, está funcionado.

Los decomisos de estupefacientes, así como las detenciones de narcotraficantes y el traslado de 93 líderes del crimen organizado a Estados Unidos son hechos probados. Dichos traslados se han producido mediante procesos legales de extradición o, simplemente, subiendo a los presuntos narcos a un avión.

Este giro en la estrategia contra el crimen organizado ha puesto en evidencia que la cómplice y fallida política de “abrazos, no balazos” del mentor y antecesor de la mandataria, Andrés Manuel López Obrador, ha sido abandonada.

A pesar de ello, queda claro que el tipo de colaboración que Sheinbaum está ofreciendo resulta insuficiente para el Gobierno estadounidense. Lo confirmó el Secretario de Estado, Marco Rubio, este 15 de enero, después del enésimo llamado por parte de la presidenta y su canciller, Juan Ramón de la Fuente, a descartar la vía armada en México. “Los avances graduales para afrontar los desafíos de la seguridad fronteriza son inaceptables”, afirmó Rubio.

Narcopolíticos en el punto de mira

El precio para contener los ataques estadounidenses en territorio mexicano se ha incrementado. No bastan ya las incautaciones y el envío de narcotraficantes a Estados Unidos. El presidente Trump ha reiterado que, en México, personalidades políticas posibilitan e incurren en el trasiego de narcóticos hacia su país. Washington demanda ahora la entrega de dichos funcionarios corruptos, que ciertamente existen.

El problema para la presidenta Sheinbaum es que varios de los posibles candidatos a dejar el país mantienen vínculos cercanos con López Obrador. Y este sigue teniendo una considerable influencia, tanto en Morena, el partido que llevó a Sheinbaum al poder, como en el gobierno que ella preside.

La defenestración de estos narcopolíticos, entre ellos alguien cercano al ex mandatario, y su entrega a las autoridades del vecino país del Norte provocaría seguramente un sismo en el grupo gobernante. Todo parece indicar, sin embargo, que hacia allá se encamina la estrategia que habrá de seguir la presidenta en los próximos meses.

Investigadores y periodistas especializados en narcotráfico han dado a conocer listas de presuntos narcopolíticos. En ellas se citan a varias figuras destacadas de la política mexicana, incluyendo alcaldes, gobernadores y funcionarios federales.

Una posición de fuerza para renegociar el acuerdo comercial T-MEC

Sin embargo, como el propio delincuente convicto que ocupa la Casa Blanca (Trump fue declarado culpable de 34 delitos por un jurado de Nueva York en mayo de 2024) ha dejado ver en más de una ocasión, con él no hay acuerdo que valga. Lo suyo es mover la portería. Así, no sería extraño que el gobierno trumpista utilice el tema de la corrupción en el sistema de justicia mexicano para obtener ventajas en la “revisión” del acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, conocido en este último como T-MEC. El concepto de revisión aparece en las reglas, pero en la práctica se trata más de una renegociación. Es decir, un proceso de hondo calado.

Tampoco sorprendería que el gobierno de Claudia Sheinbaum se vea arrinconado a entregar a algún o algunos políticos con vínculos con cárteles mexicanos de la droga, seis los cuales han sido designados por la administración Trump como organizaciones terroristas internacionales desde febrero de 2025. Este escenario no garantiza el fin de la presión ni de la amenaza de intervención.

No se puede descartar que, a pesar de las nuevas concesiones en materia de detenciones y traslados, el presidente estadounidense siga barajando algún tipo de ataque cinético por parte de las fuerzas armadas de su país.

Es poco probable que se trate de una misión análoga a la realizada en Caracas, en parte por el riesgo que conllevaría para Estados Unidos realizar ese tipo de maniobra en un país con el que tiene más de 3,000 kilómetros de frontera. Pero también es improbable que Washington se conforme con un ataque quirúrgico con drones sobre algún laboratorio de narcóticos.

La administración Trump está presionando ya para que efectivos estadounidenses acompañen a sus pares mexicanos en operaciones en territorio de México. Hasta hace poco, una operación de tal naturaleza habría sido impensable, pero ya no lo es. El reto para la presidenta Clauduia Sheinbaum consisitiría en incrementar la colaboración con Estados Unidos en un orden de magnitud, al tiempo que convence a la ciudadanía de que esto se hace de manera voluntaria y sin violar la soberanía mexicana. Sin duda, resultará complicado encontrar la cuadratura de ese círculo.

La situación entre México y Estados Unidos, al menos durante lo que resta del gobierno del presidente Trump, distará, como decía aquel titular de la AP hace un siglo, de estar tranquila.