Inversión productiva deja de ser opción en los estados

La inversión pública productiva dejó de ser el principal destino del endeudamiento de las entidades federativas del país, dando paso al refinanciamiento, es decir, preferir contratar nuevos créditos para amortiguar la obligación existente antes que mejorar un beneficio social.

A lo anterior se añade que a pesar de que el objetivo de la Ley de Disciplina Financiera, que entró en vigor en abril del 2016, es promover finanzas públicas locales sostenibles por el deterioro sistemático financiero de algunos estados en los últimos años, éstos continúan adquiriendo deuda.

En los primeros 10 meses del 2017, los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único ascendieron a 75,497.9 millones de pesos, que significó un crecimiento anual de 210.2%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicho monto, para igual periodo de análisis, es el mayor desde 1989, año hasta donde la información data, mientras la variación sólo es superada por la tasa de 266.8% en el 2011.

De los 75,497.9 millones de pesos, repartidos en 117 créditos contratados por 24 entidades, 43.4% se destinó a cubrir necesidades de corto plazo, 35.4% a refinanciamiento, 17.5% a inversión pública productiva y 3.7% al rubro de inversión productiva/refinanciamiento (sin especificar proporciones de cada concepto).

Lo anterior significa que de 10 pesos de deuda, menos de dos se dirigen a inversión. El coeficiente de este rubro (17.5%) es el más bajo desde el 2002 (0.1%), aunque entre enero y octubre de ese año sólo se contrataron dos financiamientos: uno por 1,920.0 millones de pesos del gobierno de Jalisco para refinanciamiento y otro por 1.5 millones del municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, con destino a inversión productiva.

Por ejemplo, para dimensionar este panorama, el promedio de la relación de este rubro respecto del total de deuda contratada entre el 2014 y el 2016 fue de 63.8%; en el periodo 2011-2013, de 64.3%; del 2008 al 2010, de 73.0%, y en el lapso 2005-2007, de 88.4 por ciento.

Esto indica que antes los gobiernos estatales, municipales y organismo públicos contraían obligaciones para inversión productiva, la cual hace referencia a toda erogación por la que se genere un beneficio social y cuya finalidad sea la construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de dominio público, la adquisición de bienes destinados al equipamiento o la adquisición de aquellos para la prestación de un servicio público específico, según información de la SHCP.

Candados

Así, los 75,497.9 millones de pesos de financiamientos inscritos a octubre del 2017, se dividen en 94.1% de la administración estatal y 5.9%, municipal. Por entidad federativa, incluyendo los dos niveles de gobierno y entes públicos, la mayor concentración se observó en Nuevo León (33.6% del total), Zacatecas (10.2%), Veracruz (6.0%), Sonora (5.5%), Morelos (5.4%) y Michoacán (5.2 por ciento).

De este grupo de estados, únicamente Zacatecas se ubica en el semáforo verde (endeudamiento sostenible) del Sistema de Alertas, con datos del segundo trimestre del año, y los demás, en amarillo (en observación).

Esta herramienta de la SHCP clasifica el nivel de endeudamiento (inscrito en el Registro) de las entidades en tres niveles para poner un candado a los gobierno con un techo de financiamiento: sostenible (verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo).

Es decir, para el siguiente ejercicio fiscal, si la entidad se posiciona en sostenible, podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición, en observación, el límite será de 5% y en elevado no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas.

Los financiamientos inscritos en el Registro por 75,497.9 millones de pesos, como máximo histórico, se da en un contexto donde en el 2018 los estados tendrán límites para adquirir créditos, condicionados por su salud financiera.

A detalle

Las tres mayores obligaciones por gobierno estatales en el periodo de estudio fueron Nuevo León, con 4,089.3 millones de pesos; Zacatecas, con 4,073.5 millones y, nuevamente, la administración encabezada por  Jaime Rodríguez, con 3,833.0 millones, cuyo común denominador fue el destino: refinanciamiento.

Por municipios, el podio se compone por Hermosillo, Sonora (537.3 millones); Culiacán, Sinaloa (428.4 millones), y Agua Prieta, Sonora (300.0 millones). Sólo el último crédito no tomó la dirección de los demás: inversión productiva/refinanciamiento.

rodrigo.rosales@eleconomista.mx