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EU activa mecanismo laboral del T-MEC contra Newmont Peñasquito en Zacatecas

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) notificó que la queja se centra en la posible violación a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores en dicha instalación, dedicada a la producción de oro, plata, plomo y zinc.

Foto EE:archivo

El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México la revisión de una presunta denegación de derechos laborales en la mina Newmont Peñasquito, ubicada en el estado de Zacatecas, bajo el amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) notificó que la queja se centra en la posible violación a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores en dicha instalación, dedicada a la producción de oro, plata, plomo y zinc. Como medida inmediata, las autoridades de Estados Unidos suspendieron la liquidación de cuentas aduaneras para las mercancías provenientes de esta planta.

La activación de este mecanismo se originó a partir de una petición presentada el 13 de mayo de 2026 por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. El sindicato argumentó que la empresa minera incurrió en represalias contra el personal que participaba en actividades sindicales, señalando específicamente la ejecución de despidos injustificados.

El comité estadounidense concluyó que existían elementos suficientes y evidencia acreditable de la afectación a los derechos laborales para dar curso a la solicitud de revisión. Tras esta determinación, la USTR envió el requerimiento formal al gobierno de México, el cual dispone de un plazo de 10 días para notificar si acepta realizar la investigación.

En caso de admitir la solicitud, el gobierno mexicano contará con un periodo de 45 días, contados a partir de la fecha de la notificación, para concluir el análisis de la situación en la planta de Zacatecas y emitir una resolución formal sobre el caso.

A lo largo de la vigencia del T-MEC, las quejas presentadas en esta industria minera han seguido un patrón claro, ya que la totalidad de los expedientes activados bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida han sido promovidos por la misma organización: el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

La estrategia de esta central obrera ha consistido en utilizar el brazo ejecutor del tratado de libre comercio para disputar la titularidad de los contratos colectivos de trabajo frente a sindicatos locales o confederaciones competidoras.

El historial de quejas impulsadas por el sindicato de Gómez Urrutia inició con el caso de Teksid Hierro de México en Coahuila, donde la organización reclamó y obtuvo la titularidad del contrato frente a la CTM, logrando la reinstalación de trabajadores despedidos. Posteriormente, el sindicato llevó ante las instancias estadounidenses el conflicto histórico de la mina San Martín en Zacatecas, propiedad de Grupo México; este caso derivó en el primer panel arbitral formal del T-MEC, el cual finalmente resolvió que no tenía jurisdicción debido a que la huelga original comenzó en 2007, antes de la entrada en vigor del tratado.

La ofensiva jurídica del sindicato minero continuó en la mina Tizapa, perteneciente a Industrias Peñoles en el Estado de México, donde se alegó discriminación sindical contra los agremiados de la organización de Gómez Urrutia, resolviéndose mediante un plan de remediación que incluyó la reinstalación de personal y una carta de neutralidad de la empresa.

Asimismo, el mecanismo se activó recientemente en la minera Camino Rojo, operada por Orla Mining en Zacatecas, donde un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida determinó la existencia de denegación de derechos en un entorno marcado por disputas de representación y reclamos sobre la seguridad en la zona. Con el nuevo expediente de Newmont Peñasquito, el sindicato de mineros suma otra acción internacional en su estrategia de control de los principales contratos colectivos del sector extractivo del país.

Periodista dedicada a los temas laborales, empleo, sindical. En El Economista Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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