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Mario Marín buscaba arraigo domiciliario
El Juzgado Segundo de Distrito en Cancún negó al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, la figura de arraigo domiciliario como parte del proceso penal en su contra por el delito de tortura.
El Juzgado Segundo de Distrito en Cancún negó al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, la figura de arraigo domiciliario como parte del proceso penal en su contra por el delito de tortura.
Al comparecer en audiencia de declaración preparatoria, Mario Marín solicitó el arraigo domiciliario tras alegar un padecimiento en el riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Cereso y su edad avanzada. Sin embargo, el juez rechazó su petición.
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Marín Torres en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de tortura. Fue trasladado a Quintana Roo, entidad donde radica la denuncia e investigación en su contra. El delito de tortura, acto del que fue acusado por la periodista Lydia Cacho, es considerado grave.
En su primera aparición, el exmandatario poblano priísta se reservó su derecho a declarar y solicitó ampliar el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica.
De acuerdo con la organización Artículo 19, que representa legalmente a la periodista Lydia Cacho, Mario Marín podría enfrentar, en caso de ser encontrado culpable, hasta 12 años de prisión por el delito de tortura.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró el 11 de abril del 2019 órdenes de aprehensión contra el exgobernador Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad en este caso.
En diversas entrevistas, Cacho dijo que pedirá a su defensa legal “demostrar y tener en la cárcel por lo menos 20 años al primer gobernador vinculado con casos de trata de personas y tortura de periodistas”. Además, consideró “muy importante sentar precedente, y presionar a la autoridad para que no lo libere como ha ocurrido”.
La periodista fustigó además que en el 2007, la entonces ministra de la Corte y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la “traicionó” por votar en contra de un proyecto que buscaba sancionar a Mario Marín, bajo el argumento de que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron sus garantías individuales.