Clasificación de videojuegos en leyes de telecom, sin claridad

La creación de una normatividad en México para que se clasifiquen los videojuegos presuntamente por su contenido, como se ha propuesto en el proyecto de leyes secundarias al sector de telecomunicaciones que se discute en el Senado, ha generado voces en contra y a favor.

Los opositores argumentan que esta medida abre la puerta a posible censura e incluso podría afectar la comercialización de los videojuegos en el país, mientras que los impulsores de un sistema de clasificación local ven que existiría una mayor información sobre los contenidos de los videojuegos para prevenir que los títulos con altos niveles de violencia explícita lleguen a segmentos como el infantil.

Pero, en el centro del debate, prevalece la falta de claridad en el proceso de creación de las reglas para clasificar el contenido de los videojuegos, así como su forma de aplicación. Como está plasmado en la iniciativa que se discute en el Congreso, la normatividad deberá expedirla el Poder Ejecutivo 180 días después de que sean publicadas las leyes secundarias al sector.

A mi parecer, la cuestión por la que están en contra de esta Ley es porque (los legisladores) van a aprobar algo que no sabemos ni siquiera cómo va a ser. Yo creo que eso a la industria le está causando mucho estrés , reconoce Ken Luna Tanamachi, director general de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos (IGDA, por su sigla en inglés), capítulo México.

La IGDA es una asociación sin fines de lucro que reúne a desarrolladores de videojuegos y busca fomentar el desarrollo y los marcos legales propicios para el crecimiento de la industria.

Si bien la IGDA es partidaria de un sistema de clasificación local o incluso uno regional, en el marco del bloque comercial de la Alianza del Pacífico, el representante en México de la Asociación dice que la clasificación debe crearse desde la industria y sin que implique barreras comerciales.

"La clasificación debería emanar de la misma industria de videojuegos o al menos tener alguna participación de ella, ninguna clasificación evita que tu publiques un juego, mas bien limita el publico al que puedes llegar por nivel de madurez dependiendo del contenido , afirmó en entrevista.

Actualmente los videojuegos se clasifican mediante el Tablero de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB, por su sigla en inglés) que es válida para Estados Unidos y Canadá; en Brasil se tiene el ClassInd; en Europa y Medio Oriente el Pan European Game Information (PEGI) y el USK en Alemania.

Pero en México no existen definiciones sobre una clasificación de contenidos en los videojuegos como ya existe con las producciones audiovisuales.

No hay una obligatoriedad por parte de los gobiernos, sin embargo, si un niño de 10 años quiere comprar un videojuego como un Grand Theft Auto V obviamente no se le va a vender (...) Algo así se debería hacer en México porque no hay ese tipo de clasificación pues tú puedes ir a comprar cualquier videojuego , dijo Gonzalo Rojón, analista de la firma de análisis en telecomunicaciones e industrias culturales The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Si su preocupación es que van a tener menos ventas porque a los niños de cinco años no se les va a poder vender Grand Theft Auto V, pues sí, así es , agregó el especialista.

Como está propuesto en la iniciativa de leyes secundarias, la clasificación sería obligatoria únicamente para acceder a los espacios publicitarios en radiodifusión y televisión restringida.

Ken Luna Tanamachi, de IGDA, sugiere que el acceso a estos espacios debería estar determinada por el contenido de la publicidad propiamente, y no por el contenido de los videojuegos. En caso de ser clasificado previamente, considera que se debe advertir en la pauta publicitaria la clasificación del videojuego.

En el reglamento podría marcarse su obligatoriedad tanto para videojuegos en formato físico como en línea y aplicaciones para dispositivos móviles, televisiones inteligentes y otras plataformas tecnológicas.

Yo creo que debe haber un marco legal que sea flexible para considerar videojuegos en aparatos televisores descargados en línea, teléfonos inteligentes y básicos, en los diferentes dispositivos conectados a Internet , consideró Ernesto Piedras, director de The CIU.

EL ANTECEDENTE

Enrique García Tejeda, catedrático de la Universidad Panamericana de la Facultad de Derecho en la Ciudad de México y consultor de mejoras regulatorias para gobierno, ve que en la propuesta dará pie a que en el reglamento se ejecute un intento previo por regular los contenidos en los videojuegos, propuesto por el Senador Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) a finales del 2012.

El congresista presentó la Iniciativa de "Ley Federal de Clasificación de Videojuegos", misma que propone establecer una clasificación de los videojuegos argumentando en la exposición de motivos la violencia que genera en los niños y jóvenes de México. La iniciativa está en la congeladora y aún no ha sido dictaminada.

En su propuesta, apunta a la Secretaría de Gobernación como el vigía de los videojuegos, bajo el principio de que "se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público".

La iniciativa del diputado Puente Salas señala como requisito que todo videojuego debe ser previamente autorizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) pues señala una prohibición de comercialización de videojuegos si no tienen la clasificación estipulada por la Secretaría.

Además de riesgos de censura que han sido advertidos por expertos como Rodrigo Diez, abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Derecho por Harvard, también existen dudas sobre los criterios para definir alguna clasificación.

Los criterios abarcan desde la capacidad y preparación del personal hasta cuestiones de logística para iniciar una solicitud de clasificación, observó Luna Tanamachi, de la IGDA.

"Que todos los juegos de el App Store o Google play o Windows Phone sean clasificados sería un problema enorme pues es algo que en Estados Unidos no se ah logrado. En el caso de ESRB no existe un costo por clasificar aplicaciones, el beneficio debe ser mas grande que el costo tanto para gobierno, desarrolladores y consumidores. Si no es así, más que afectar el comercio internacional, va a afectar a los pequeños empresarios que apenas pueden generar ganancias a los juegos, e impulsará la piratería y el mercado gris , aseguró.

Luna Tanamachi advierte que el cobro de cuotas y la existencia de procesos engorrosos en los trámites de clasificación propiciarán que los desarrolladores opten por publicar sus títulos en tiendas fuera del país, desincentivando así la producción creativa local.

julio.sanchez@eleconomista.mx

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