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La incertidumbre domina el estado de la vigilancia en México
A pesar de las leyes existentes, la falta de sanciones y el uso de vacíos legales han permitido la continuidad de la vigilancia ilegal.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
La intervención y vigilancia de las comunicaciones en México sigue siendo un problema crítico, marcado por la opacidad, la impunidad y el uso de tecnologías altamente invasivas para espiar a ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos.
El informe El Estado de la Vigilancia, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), documenta la continuación de estas prácticas en México a lo largo de diversas administraciones y pone en evidencia la falta de controles democráticos efectivos sobre estas actividades.
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De Calderón a López Obrador
La vigilancia masiva en México no es un fenómeno reciente. Ana Gaitán, abogada de R3D y una de las autoras del informe, explica que "los primeros casos que se empezaron a detectar fueron alrededor de 2010 y 2011, durante la administración de Felipe Calderón, y continuaron con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador".
Esto deja en claro que la vigilancia no responde a un solo gobierno, sino a una práctica sistemática del Estado.
Desde 2014, R3D ha documentado abusos en el uso de herramientas de vigilancia como el software espía Pegasus, utilizado en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
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La organización también ha presentado recursos legales en busca de mayor transparencia sobre estas prácticas. Sin embargo, la falta de sanciones a los responsables ha generado un clima de impunidad.
Mecanismos de vigilancia
El informe detalla los mecanismos de vigilancia que se han implementado en México, incluyendo intervenciones telefónicas, acceso a metadatos de telecomunicaciones y uso de spyware avanzado. Según la investigación, una de las prácticas más problemáticas es la recolección indiscriminada de datos de la población sin una justificación clara.
"Se está haciendo una vigilancia masiva e indiscriminada, lo que permite que estas herramientas se utilicen como mecanismos de control y represión", dijo Gaitán en entrevista.
El informe enfatiza que esta práctica afecta principalmente a sectores vulnerables, como activistas y periodistas, quienes han sido objeto de intervenciones sin orden judicial.
Además del uso de Pegasus, el informe documenta otros métodos de vigilancia, como la intervención de comunicaciones mediante el acceso a redes de telecomunicaciones y la obtención de registros de llamadas sin autorización judicial. Estas acciones, según el informe, han sido utilizadas para perseguir a opositores políticos y defensores de derechos humanos en México, generando un clima de temor y autocensura en diversos sectores de la sociedad.
Falta de controles
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la falta de controles judiciales efectivos sobre la vigilancia. A pesar de que la legislación exige autorización previa para la intervención de comunicaciones, en la práctica muchas solicitudes se aprueban sin un análisis exhaustivo.
"Existe mucha impunidad porque ninguno de los casos a la fecha ha llevado a que se impute responsabilidades a autoridad alguna", dijo Gaitán.
El informe también documenta cómo las autoridades han aprovechado vacíos legales para justificar acciones de vigilancia sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.
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En muchos casos, las solicitudes de intervención se han realizado bajo el argumento de seguridad nacional, sin una supervisión adecuada. Además, en ocasiones se ha utilizado la figura de “urgencia” para realizar intervenciones sin orden judicial, algo que debería ser excepcional pero que se ha vuelto común en las prácticas gubernamentales.
Cambios y reformas
El informe de R3D propone una serie de reformas para establecer controles democráticos sobre la vigilancia, incluyendo la clarificación de procedimientos, mayor transparencia en la contratación de tecnologías de espionaje y la creación de mecanismos de supervisión independientes. Sin embargo, el panorama político actual plantea desafíos significativos para su implementación.
Entre las propuestas se encuentra la necesidad de establecer una regulación clara y específica sobre el uso de herramientas de vigilancia, garantizar que la autorización judicial sea un requisito obligatorio y no una formalidad vacía, y crear un sistema de auditoría independiente que supervise todas las solicitudes de intervención de comunicaciones.
Ana Gaitán aseguró que la desaparición de instituciones clave como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) representa un retroceso en materia de vigilancia.
"Estamos perdiendo dos organismos autónomos que funcionaban como contrapesos", dijo.
El INAI ha jugado un papel crucial en la obtención de información sobre cómo operan las medidas de vigilancia en México. Su desaparición generará un mayor nivel de opacidad. Además, el fortalecimiento del poder del Ejército en el gobierno agrava la preocupación, ya que las Fuerzas Armadas han sido señaladas en investigaciones previas como actores clave en el espionaje ilegal.
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El informe documenta cómo el Ejército ha adquirido herramientas de espionaje sofisticadas y ha llevado a cabo vigilancia ilegal en múltiples casos, en particular contra activistas y defensores de derechos humanos.
"Nos acercamos cada vez más a un modelo en el que la vigilancia está militarizada, lo cual es sumamente preocupante", advierte Gaitán.
Apertura
A pesar de este contexto, con el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gaitán advirtió que "siempre que hay cambios en la configuración del poder, hay una oportunidad para que entren nuevos actores que puedan estar más conscientes de los riesgos de la vigilancia ilegal".
Aunque reconoce que el escenario es complicado, también enfatiza la importancia de mantener el diálogo con la nueva administración para impulsar estas reformas.
El estado de la vigilancia en México está marcado por la incertidumbre. La falta de sanciones a los responsables del espionaje ilegal, la desaparición de organismos de transparencia y el crecimiento del poder del Ejército generan preocupaciones sobre el futuro de los derechos digitales en el país, aunque la llegada de una nueva administración ofrece cierta esperanza.
