La iniciativa de Ley presentada por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre del año pasado, que busca detener la distribución de contenidos en línea que infrinjan derechos de autor y propiedad intelectual mediante el bloqueo al acceso a Internet, multas y cárcel, debe abrirse al debate público antes aprobar cualquier modificación a la legislación mexicana, considero el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Pablo Adame Alemán.

Esta propuesta del PRI deberá ser debatida y analizada por quienes han manifestado su oposición, pero además también se deberá escuchar a los productores, propietarios, compositores o cualquier otro productor de contenidos cuyo material sea puesto en la red para su distribución, pues están también en su legítimo de expresarse , dijo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, en un comunicado.

Esta propuesta, presentada el 3 de diciembre por el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y rubricada por los diputados Aurora Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, es en esencia una versión mexicana de la Stop Online Piracy Act (SOPA) de Estados Unidos, que generó repudio internacional y fue bloqueada en el 2012.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia, para dictamen, y a las de Economía, Cultura y Cinematografía. Juan Pablo Adame confirmó que esta propuesta de Ley aún no sale de las comisiones aunque en redes sociales se ha denunciado un cabildeo por parte de la industria cultural para su aprobación.

Esto coincide con las discusiones en torno a las leyes secundarias de la reforma a las telecomunicaciones, que se espera definan los mecanismos para garantizar derecho constitucional de acceso a Internet, así como la neutralidad de la red.

Durante las últimas semanas el tema ha sido motivo de debate en las redes sociales. Hay diversas opiniones que se han externado sobre la necesidad de regular los contenidos con derecho de autor que se difunden en la red y también hay quien considera que debe haber un esquema flexible para ello , dijo el legislador.

Este proyecto de ley faculta al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) para que investigue de oficio o mediante la solicitud una presunta infracción para iniciar el procedimiento administrativo.

Los proveedores de Internet deberán proveer al IMPI todos los datos del presunto infractor para su localización, incluyendo nombre, domicilio físico, dirección IP del infractor o la asociada al servidor donde se hospeda el contenido.

El IMPI también podrá ordenar a los proveedores de Internet la suspensión del acceso a sitios que presuntamente infrinjan la ley.

También se plantean sanciones por parte del IMPI de 30 hasta 20,000 días de salario mínimo (1,893 a 1.26 millones de pesos) a los infractores, así como prisión seis meses a seis años y 3,000 días de salario mínimo (189,360 pesos) a los administradores de un sitio que contenga contenido presuntamente objeto de infracción.

Especialistas han advertido anteriormente que este proyecto de Ley va en contra de la Estrategia Digital Nacional, presentada por el Ejecutivo Federal, también del PRI, a finales del año pasado.

" La nueva iniciativa es una SOPA remixeada, una iniciativa tendiente a imponer una legislación que ya no es propia de la era de Internet, corre el riesgo de inhibir el crecimiento del mercado de Internet y sobre todo la innovación. Me parece riesgosa en estos términos y muy contradictoria a la Estrategia Digital Nacional (EDN) , dijo en una entrevista previa la coordinadora de la Cátedra Sociedad de la Información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), María Elena Meneses.

Organizaciones independientes como Wikimedia México han mostrado preocupación sobre esta iniciativa pues imposibilitará la existencia de proyectos como Wikipedia en el territorio mexicano pues, dijo, el movimiento Wikimedia y la Fundación Wikimedia no cuentan con los recursos humanos, financieros o tecnológicos que puedan monitorear dichos enlaces (con contenido protegido) , según escribió en diciembre el presidente de Wikimedia México, Iván Martínez.

La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon) y otras representaciones de la industria editorial, cinematográfica y del entretenimiento han sido promotoras de este tipo de regulaciones en Internet que sancionan la distribución de producciones protegidas con derechos de autor.

Gilda González Carmona, directora general de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon), ha argumentado anteriormente que esta iniciativa no busca criminalizar a los usuarios sino a los administradores de sitios que colocan enlaces y contenidos protegidos.

Si no eres el administrador del sitio que está poniendo a disposición del sitio, no veo por qué tú como usuario podrías ser sancionado , aseguró en una entrevista concedida en diciembre.

A decir del legislador Juan Pablo Adame, antes que modificar alguna norma al respecto, se requiere de la opinión de los diversos sectores interesados.

Una iniciativa como esta requiere no sólo de la opinión de los propios legisladores responsables de modificar nuestro marco jurídico, sino de todos los sectores interesados, desde los propios oferentes de los servicios de Internet en el país, hasta organizaciones sociales, ciudadanos independientes, empresarios y especialistas técnicos en el tema , explicó.

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