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Sector Financiero

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España cede al BCE parte de la supervisión bancaria

El gobierno español tiene previsto ceder algunas competencias relacionadas con la supervisión bancaria al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco de España, según informó ayer, tras las críticas de la Unión Europea (UE) por sus intentos de obstaculizar la oferta de BBVA por Sabadell.

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 REUTERS/Ralph Orlowski/File PhotoRalph Orlowski

Reuters

El gobierno español tiene previsto ceder algunas competencias relacionadas con la supervisión bancaria al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco de España, según informó ayer, tras las críticas de la Unión Europea (UE) por sus intentos de obstaculizar la oferta de BBVA por Sabadell.

Un portavoz del Ministerio de Economía afirmó que “se adaptarán las normativas nacionales para garantizar la competencia exclusiva” del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial, sin dar más detalles.

El portavoz dijo que la transferencia se llevaría a cabo cuando España adopte la nueva directiva de la UE sobre requisitos de capital, que debe aplicarse antes de enero del 2026.

En julio, la Comisión Europea impugnó oficialmente los intentos de Madrid de obstaculizar la oferta hostil de BBVA, por valor de 16,000 millones de euros, para adquirir su rival español, Sabadell, lo que dio lugar a la apertura de un procedimiento de infracción. La oferta finalmente fracasó.

La Comisión consideró que las amplias facultades discrecionales de Madrid constituían restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales.

Madrid sostiene que su normativa nacional está plenamente alineada con la europea, y el portavoz afirmó que garantizar las competencias del BCE y del banco central español no impediría a las entidades estatales, como el regulador de la competencia español, cumplir con sus mandatos.

La Comisión debe decidir ahora si la respuesta de España en el procedimiento de infracción es satisfactoria. Si no lo es, podría acabar remitiendo el caso a Madrid, al tribunal supremo de la UE.

Un portavoz de la Comisión confirmó la recepción de la respuesta de España y afirmó que la UE la analizaría antes de decidir los siguientes pasos a seguir.

Según la legislación española, el gobierno no podía impedir que BBVA comprara las acciones de Sabadell, pero tenía la última palabra en una fase posterior sobre si la fusión se llevaba a cabo. Madrid afirmó que necesitaba proteger el empleo y la competencia.

Finalmente, los accionistas de Sabadell solo ofrecieron 25.47% de los derechos de voto, lo que provocó el fracaso de la oferta de BBVA a principios de este mes.

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