Los españoles que quieran jubilarse en el 2020 con 100% de pensión deberán de tener al menos 65 años y 10 meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones del 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.

Estos 65 años y 10 meses serán la edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años de cotización (en el 2019 se exigían 65 años y ocho meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 36 años y nueve meses cotizados).

Si superan los 37 años cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse el próximo año con 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

Lo que no cambió con la reforma del 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantuvo en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.

Además, el próximo año el periodo de cálculo de las pensiones sube un año respecto al 2019, desde los 22 hasta los 23 años.

Jubilación parcial

En el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación.

Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será desde el 1 de enero del 2020 de 61 años y 10 meses si se tienen cotizados 35 años o más, o de 62 años y ocho meses en el caso de que se tengan 33 años cotizados.

El gobierno de coalición buscará derogar la reforma laboral y subir los impuestos a las rentas más altas.

Por otro lado, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firmaron el lunes en el Congreso español el acuerdo programático con las principales medidas que tomará su futuro gobierno de coalición.

Entre otras iniciativas, el PSOE y Unidas Podemos acordaron en su programa de gobierno de coalición derogar parcialmente la reforma laboral, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) y subir el salario mínimo hasta 60% de la media en el país, así como un alza de impuestos a las rentas más altas.

El nuevo acuerdo de España

En el documento de 50 páginas titulado “Coalición progresista: Un nuevo acuerdo para España”, presentado por Sánchez e Iglesias en el Congreso de los Diputados, ambas formaciones se comprometen a derogar aspectos concretos de la reforma laboral y recuperar los derechos laborales “arrebatados” por la reforma laboral del 2012, para lo que tumbarán la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

Prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral, a fin de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.

Igualmente, se comprometen a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente 60% del salario medio en España, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta 1,200 euros al final de la legislatura, así como simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial.

Sobre las pensiones, las formaciones garantizan su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidas Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de presupuestos del 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en sociedades fijarán una tributación mínima de 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.