Banco Santander, presidido por Ana Botín, comunicó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaria en España (Sepblac) sobre 136 operaciones de clientes relacionadas con Popular por considerar que pueden estar vinculadas con movimientos de blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Santander ha respondido también a 39 peticiones de información realizadas por el Sepblac, según explica el banco en su informe anual del pasado ejercicio.

La entidad presidida por Ana Botín ha abierto 338 expedientes internos en el grupo en España tras la adquisición de Popular en junio del año pasado y ha revisado 16 filiales a través de informes de auditoría interna.

Independientemente de estas medidas relacionadas con el banco adquirido, Santander comunicó también el año pasado 41,204 operaciones “a autoridades”, revisó 167 filiales e inició 152,253 expedientes de investigación en todo el grupo.

Banco Pastor, filial de Popular, está investigado en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales. Su expresidente, José María Arias, podría estar implicado en operaciones de este tipo.

Canales de denuncias

Santander cuenta también con canales de denuncias para empleados que recibieron el año pasado 1,300 comunicaciones, de las que aproximadamente un tercio ha dado lugar a un procedimiento disciplinario.

El motivo más común de las denuncias está relacionado con asuntos de recursos humanos, que representan alrededor de tres de cada cuatro comunicaciones recibidas. El resto tiene un origen muy diverso e incluye, por ejemplo, actividades fraudulentas, conflictos de interés o ventas inapropiadas, entre otras cosas.

Santander recuerda en su memoria del 2017 que es firmante de los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y se compromete a trabajar contra la corrupción, la extorsión y el soborno. Santander es el único de los grandes bancos españoles que incluye el desglose de esta información en su informe de gestión del año pasado y explica que lo hace para cumplir la legislación aprobada en noviembre pasado por el Consejo de Ministros.

Esta norma fija la obligación de divulgar información no financiera a las entidades de interés público con más de 500 empleados.

En este apartado se incluye la lucha contra la corrupción y el soborno, explica el banco en su documentación remitida a la CNMV.