La emergencia sanitaria actual ha sacudido a las entidades financieras, al grado de que éstas han incrementado sustancialmente los recursos para dar cumplimiento al combate contra los delitos financieros, los cuales se han potencializado durante el periodo de la contingencia.

Un estudio de la firma LexisNexis Risk Solutions indica que tan sólo en este 2021, el costo anual de las instituciones financieras en México, relativo al cumplimiento contra los delitos financieros, puede llegar a los 1,000 millones de dólares, cuando en el 2020 dicha cifra fue de 900 millones de dólares y en el 2019, dicho monto alcanzó los 710 millones de dólares.

“Los costos del cumplimiento contra los delitos financieros han aumentado significativamente para las entidades financieras más grandes en los mercados claves de Latinoamérica”, se puede leer en el reporte El verdadero costo del cumplimiento contra los delitos financieros.

De acuerdo con el análisis, tan sólo en los principales mercados de América Latina, que concentra a Brasil, Chile, Colombia, México y Panamá, el costo en conjunto puede llegar a los 6,963 millones de dólares durante este 2021.

“A este aumento (en los costos) contribuyen los salarios y las contrataciones, las cuales a su vez son impulsadas por la creciente presión de amenazas criminales cambiantes, aumento de volumen de operaciones de lavado de dinero y regulaciones adicionales”, destaca el informe.

El informe apunta que del total de los costos en el cumplimiento contra los delitos financieros que se registraría en México hacia el final del año, los gastos de mano de obra (salarios) son los que ocuparían una mayor parte en dicho gasto (36%), seguido de los relativos a los de tecnología relacionados con software de cumplimiento de conoce a tu cliente (20%), así como a los referentes a la mano de obra en materia de capacitación, que ocuparían un 19%, entre otros.

Según el análisis, las principales tendencias externas en México que impulsan el incremento de costos de cumplimiento son:

  • Evolución de amenazas criminales.
  • Mayores requisitos de privacidad de datos.
  • Mayores regulaciones de prevención de lavado y expectativas regulatorias.
  • Mayor riesgo geopolítico.
  • El consumidor exige pagos más rápidos.

Asimismo, existen factores adicionales que impulsan mayores costos dentro de las instituciones financieras que operan en México, tales como la inversión en nuevas tecnologías, incremento de personal, aumento de volumen de actividades antilavado, incremento de inversión en procesos de evaluación de riesgo, así como investigaciones más complejas, entre otros.

“La inversión en nuevas tecnologías/datos/herramientas se menciona como factor de costos en dos terceras partes de las entidades financieras mexicanas, aunque sólo representa 20 % del incremento de costos, junto con aquellos relacionados con el giro hacia el trabajo remoto durante Covid-19”, destaca el informe.

En el análisis, la firma resalta que en esta fase de la pandemia del coronavirus (covid-19) el impacto por la emergencia complica negativamente las operaciones y los costos de cumplimiento de las entidades financieras, en comparación con la etapa inicial de la misma, específicamente para la elaboración del perfil de riesgo del cliente y en la gestión eficiente de los recursos.

“Esto ha causado demoras en el onboarding y una reducción de productividad. Simultáneamente, hay más entidades financieras que clasifican el segmento legal/contable como de alto riesgo para el lavado de activos”, acota el informe.

Ante este escenario, el reporte sugiere utilizar soluciones para ayudar a los equipos de cumplimiento a analizar datos existentes, acceder a otros datos externos y tomar decisiones desde un punto de vista más holístico del cliente, lo que a su vez puede ayudar a reducir los costos, bajar tiempos de procesamiento y aumentar el rendimiento sin contratar más gente, con la finalidad de crear una forma más eficaz de prevenir los delitos financiero a largo plazo.

El reporte enfatiza que el aumento de los pagos digitales y un mayor uso de criptomonedas ha llevado a un mayor enfoque en las regulaciones y medidas para mitigar el lavado de dinero, lo cual puede dar lugar a un mayor cumplimiento exigido por los reguladores.

Otro de los resultados del reporte es que el conocimiento del cliente para realizar el onboarding y la resolución eficiente de alertas, son clave para la detección de los delitos financieros. “Mejores datos de debida diligencia, perfiles de riesgo y formas de mantener una pista de auditoría son necesidades clave”.

Impacto de-risking

En este contexto, el reporte destaca que otro de los problemas, además de los desafíos del Covid-19, que generan las amenazas delictivas emergentes es el término de las relaciones (de-risking) de bancos, especialmente del extranjero, con otro tipo de jugadores del ecosistema financiero.

“Las entidades mexicanas y panameñas son las que reportan el mayor impacto por el incremento de costos del cumplimiento LA/FT (lavado de activos y financiamiento al terrorismo). Las entidades con base en EU (Estados Unidos) y Alemania son las que hacen de-risking con mayor frecuencia”, destaca el informe.